El Grupo 17 de Marzo de juristas para la defensa de los derechos humanos ha solicitado este jueves a la juez de lo Penal número 13 de Sevilla que "reconsidere" su decisión de enviar a prisión para cumplir una condena de seis meses de cárcel a un joven sevillano de 26 años por robar una bicicleta de Sevici.

   En un comunicado, el Grupo 17 de Marzo ha expresado su "absoluto rechazo" a la decisión de la juez de denegar la suspensión de la condena impuesta a Adrián Manuel Moreno, pues se trata de "una decisión injusta que se enfrenta manifiestamente al mandato del artículo 25.2 de la Constitución, que dispone que las penas privativas de libertad 'estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social'".

   "Cuando las leyes procesales permiten a los jueces negar la suspensión de penas breves de privación de libertad no están otorgándoles un poder discrecional que puedan usar de manera arbitraria, sino una facultad que debe ejercerse en el ámbito de los mandatos constitucionales, no en su contra como ha sucedido en esta ocasión", asevera.

   Al hilo, asegura que de las circunstancias del caso se desprende que el acusado cometió el delito hace ya siete años, cuando tenía 18 años de edad, mientras que "en la actualidad se encuentra completamente rehabilitado", pues "a pesar de las duras condiciones sociales de precariedad en que ha transcurrido su vida, en estos momentos tiene trabajo en un restaurante y es el único sustento de sus dos hijos --uno de ellos recién nacido-- y de su mujer".

   Además, el delito cometido "tuvo escasa entidad", ya que "se limitó a usar una bicicleta que se encontraba abandonada en la calle para acercarse a su domicilio, siendo interceptado por las fuerzas de orden público en ese mismo trayecto", no obstante lo cual la juez "tuvo en consideración dos delitos anteriores, absolutamente menores y cometidos cuando era menor".


"LA LEY NO ES IGUAL PARA TODOS"

   A juicio del Grupo 17 de Marzo, "se trata de una aplicación del derecho tan formalista como rigorista, ajena a lo que debe ser la auténtica función judicial, guiada por el principio de proporcionalidad y el respeto a los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos", por lo que "rechaza públicamente" la resolución que deniega la suspensión de la pena.

   Asimismo, insta a la juez a "reconsiderar" su decisión y dictar otra "que resulte conforme con el mandato de resocialización impuesto por la Constitución", y pide a las autoridades de Sevilla y Andalucía "que tomen todas las iniciativas a su alcance para apoyar la suspensión de la condena y el indulto por el delito de hurto".

   Por último, el Grupo 17 de Marzo ha denunciado la "dureza innecesaria" de decisiones judiciales "discrecionales" que "resultan excesivamente rigoristas cuando se aplican a los ciudadanos más desfavorecidos", añadiendo que "cuando se trata de aplicarlas a personas de nivel económico alto o con influencia política y económica ese rigor se convierte en suavidad y consideración, de modo que con decisiones como ésta no cabe duda de que la ley no es igual para todos".