El gobierno socialista de Juan Espadas deberá afrontar el pago de al menos 17,4 millones de euros como consecuencia de casi una decena de fallos judiciales contrarios al Ayuntamiento y acaecidos desde que tomó posesión en junio pero por asuntos que incluso se remontan a hace un cuarto de siglo, cuando era alcalde Rojas Marcos. La mayoría de los pleitos datan de los mandatos de Monteseirín, y Zoido también le ha dejado su particular legado con tres sentencias achacables a su etapa.
Espadas está saliendo a un promedio de casi 2,5 millones de euros mensuales en facturas acumuladas por sentencias contrarias al Consistorio por casos heredados de mandatos anteriores, una pesada herencia judicial que lastrará su acción de gobierno y limitará su capacidad inversora para el resto de mandato.
El asunto más sorprendente para el alcalde actual ha sido comprobar que al cabo de 24 años le ha tocado a su gobierno asumir las consecuencias de la expropiación del edificio Laredo, acordada por Rojas Marcos poco antes de la Expo 92 y que tras una larga batalla judicial con sucesivos propietarios obligará a abonarles 3.731.802,72 euros más, con lo que el coste acabará siendo de 6.073.073,48 euros para las arcas municipales.
La peor sentencia judicial, sin embargo, es la contraria a los intereses municipales en la empresa de mayoría pública Mercasevilla, conocida en julio, en el pleito con Sando a cuenta de las parcelas que la compañía malagueña no pudo explotar. La lonja fue condenada a pagar a sando 8.944.710,30 euros, cantidad que se elevaría a unos 14 millones por la suma de los intereses desde los tiempos de Monteseirín como alcalde.
La decisión de Sando de pedir el embargo de las cuentas de Mercasevilla en diciembre de 2015 obligó a la sociedad municipal a pedir el preconcurso de acreedores. Aunque el Ayuntamiento anunció recursos contra el fallo judicial, de momento el gobierno de Espadas ha tenido que provisionar 5.392.998,25 euros (la cantidad que hemos tomado como referencia para este trabajo) para asumir sus posibles responsabilidades finales y en proporción a su participación en la sociedad.
Edificabilidad urbanística
Por otra parte, el pasado mes de agosto, el Tribunal Supremo (TS) estimó un recurso de casación de la Compañía de Jesús y anuló una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre un acuerdo de la Comisión de Valoraciones de Sevilla, que dejó el justiprecio de las servidumbres del Colegio Porta Coeli para la construcción de la primera línea del Metro.
El TS falla que se le paguen a los jesuitas 1.398.029 euros más por pérdida de edificabilidad en subsuelo y 1.661.155 por pérdida de edificabilidad sobre rasante: 3.059.184 euros más de los fijado en la época de Monteseirín.
No podían faltar en esta relación las Setas de la Encarnación, uno de los legados más gravosos del anterior alcalde socialista y que no han dejado de causar quebraderos de cabeza a sus sucesores. Las diferencias de criterio con la empresa constructora, Sacyr, provocaron una primera sentencia desfavorable para el Ayuntamiento de 36,5 millones que tras un recurso interpuesto por el gobierno de Zoido han permitido un nuevo fallo, ya con Espadas de alcalde, menos desfavorable para el Ayuntamiento: tan “sólo” 2.594.862 euros.
Seguridad y movilidad
También a finales del pasado verano el gobierno de Espadas heredó otra sentencia contraria a la corporación en un caso procedente del mandato de Zoido. El TSJA declaró el derecho de la UTE constituida por Detea y Aldesa a cobrarle al Ayuntamiento 1.902.367 euros por la certificación final de las obras de la nueva sede de la Delegación Municipal de Seguridad y Movilidad, en la antigua cárcel de la Ranilla, más 62.041,50 euros por la paralización de los trabajos en su día. En total, 1.964.408,50 euros.
Esta demanda formaba parte de un paquete de cuatro por el que Detea reclamaba además al Ayuntamiento el pago de 18 millones por incumplimientos en el contrato de compraventa de tres edificios en la isla de la Cartuja, entre ellos la comisaría de la Policía Local, que le fue entregada en estado ruinoso tras los expolios sufridos al dejarla abandonada a su suerte el gobierno de Zoido.
A Espadas también le han caído las sentencias que obligan a revisar los precios de los contratos por la rehabilitación de Zonas Degradadas, más sus intereses legales: 436.414 euros por la barriada Juan XXIII y 223.288 por el sector B de Alcosa.
Hasta los resbalones de ciudadanos en la vía pública en época de Zoido se han traducido en sentencias condenatorias y que deberá pagar el actual gobierno de Espadas. Así, tendrá que indemnizar con 19.987 euros a un hombre que se cayó en un tramo de la acera de la calle Madre de Dios y que había sido pavimentada con un material no homologado y muy deslizante, y unos 18.000 euros a una mujer que sufrió una fractura al tropezarse contra losas deterioradas y levantadas en la Avenida de la Constitución.
