La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha acordado que el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que dirige María Núñez Bolaños, continúe investigando los hechos denunciados sobre los avales concedidos por la agencia IDEA a empresas en crisis, lo que permitirá "efectuar una imputación con mayor concreción de los presuntos responsables".

   Según ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), este aval de la Audiencia Provincial a la investigación se recoge en un auto en el que desestima el recurso presentado por el exdirector de la Agencia Idea Jacinto Cañete, que pedía el sobreseimiento de la causa al hablar de hechos no delictivos.

   Los magistrados de la Audiencia Provincial defienden que se prosiga investigando acerca de los acuerdos relativos al otorgamiento de ayudas excepcionales a empresas en crisis, de salvamento y/o reestructuración por parte de Idea, aplicando como instrumentos de apoyo las figuras de préstamos, ayudas en garantías sobre préstamos y avales en garantía de préstamos de las entidades financieras.

   Según se señala en el auto, desde el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla se puede investigar el hecho de que empresas que han sido beneficiarias de ayudas sociolaborales o de empresa han sido, al mismo tiempo, también beneficiarias de ayudas públicas de salvamento o reestructuración concedidas por la Agencia IFA/Idea.

CONSEJO RECTOR DE IDEA

   Los magistrados apuntan, como hechos que deben ser investigados, los casos en los que el Consejo Rector de IDEA autorizaba ante una entidad de crédito el pago en ejecución de un aval de salvamento a una empresa viable económicamente, pudiendo tener conocimiento de que esa empresa no tenía viabilidad.

   Citando la doctrina del Tribunal Constitucional, los magistrados de esta Sala señalan que los delitos de carácter económico o que pueden estar relacionados con la corrupción en instituciones públicas, suelen ser "complejos" y "quedan ocultos en una multitud de operaciones económicas aparentemente inocuas, por lo que en ocasiones su investigación puede requerir un elevado número de diligencias que alcancen a un amplio círculo de personas y entidades para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos".

   La pretensión del recurrente de que, desde el mismo acto judicial de incoación del procedimiento instructor queden perfectamente definidos los hechos sometidos a investigación, e incluso las calificaciones jurídicas de los delitos que pudieran constituir tales hechos, no es para la Audiencia del todo "aceptable".

"COMPLETA INVESTIGACIÓN"

   "Su delimitación va a ser en la mayoría de los procedimientos progresiva, de modo que la Instructora no queda limitada a su comprobación tal y como ha sido denunciado, sino que debe realizar una completa investigación para llegar al descubrimiento de la verdad", recoge el auto.

   Los magistrados exponen también que entre las diligencias que pueden acordarse para esa delimitación progresiva de los hechos está el que la instructora pueda recabar la intervención de peritos cuando sea necesario el informe pericial para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia importante en la investigación, debiéndose tener en cuenta que el dictamen pericial no es más que un elemento auxiliar que se integra en el conjunto del material probatorio a valorar por la Instructora.

   Así las cosas, la Audiencia acepta las diligencias incoadas por la entonces titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, en un auto del 22 de enero de 2014, para investigar los hechos presentados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) después de analizar las Actas del Consejo Rector de Idea.