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Sábado 09/11/2024
 

Sevilla

El juez del "chantaje" de Dos Hermanas cita como investigados a Luis Paniagua y Agustín Morón

El Juzgado que investiga el presunto "chantaje y coacciones" al que fuera candidato de C's a la Alcaldía nazarena ha ordenado la comparecencia del presidente de Nuevas Generaciones de Andalucía, el popular Luis Paniagua; el concejal socialista Agustín Morón y del empresario Emilio Maya

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El Juzgado mixto número siete de Dos Hermanas (Sevilla), que investiga el presunto "chantaje y coacciones" al que fuera candidato de Ciudadanos a la Alcaldía nazarena, Manuel Varela, ha ordenado la comparecencia en calidad de investigados del presidente de Nuevas Generaciones de Andalucía, el popular Luis Paniagua; el concejal socialista Agustín Morón y del empresario y militante del PP nazareno Emilio Maya.

   A través de un auto recogido por Europa Press, el juez Óscar Rey ordena la comparecencia "en calidad de investigados" de Luis Alberto Paniagua, Agustín Morón y Emilio Maya, el día 23 de mayo. En el caso de los dos populares, Alberto Paniagua y Emilio Maya, el juez señala
"los testimonios que sitúan a los mismos hablando antes de las elecciones de la existencia del video (que muestra a Manuel Varela consumiendo drogas) y de poder utilizarlo en contra de Varela". "Incluso se ha manifestado la existencia de un tuit en el cual
habrían existido tres seguidores, Emilio Maya incluido, y en el que explícitamente se hablaba de las aficiones de Varela y el poco tiempo que le quedaba como candidato", recuerda el auto.

   Para el juez, "hasta ahora parece lo más plausible que el video fuera grabado en el ámbito del Partido Popular, en la medida en que como se ha expuesto, el consumo sólo se produjo por el denunciante en ámbitos próximos al mismo, siendo poco probable que las grabaciones fueran realizadas por terceros u otros grupos políticos". Del mismo modo, el juez ordena a diferentes operadoras de telefonía móvil información en cuanto al "tránsito de llamadas" de los teléfonos móviles del expresidente del PP de Dos Hermanas y también investigado en la causa Manuel Alcocer González, Paniagua y  Emilio Maya, "en una franja de un mes antes y después de los hechos".

   En cuanto al concejal socialista Agustín Morón, el juez instructor considera en este auto que "pudiera estar implicado en los hechos", lo que "puede deducirse aparentemente del tráfico de llamadas existente entre el mismo y José Luis Olivares (también investigado en las diligencias), pues puede apreciarse que el día de los hechos existe un número elevado de llamadas entre ambos, concretamente 15 llamadas". Así, el juez ordena citarle como investigado, "atendiendo a las numerosas ocasiones en las que José Luis Olivares llama a Agustín Morón, normalmente antes y después de hablar con Manuel Varela".

   En su auto, además, el juez ordena oír como testigos también el 23 de mayo, a María Carmen Espadas, "como persona que oyó los comentarios acerca del video, e Isabel Uribe, persona relacionada con el tuit, a fin de que aclare la procedencia del mismo".
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EL "CHANTAJE" DE DOS HERMANAS

   En concreto, Varela anunciaba a primera hora del domingo 24 de mayo de 2015, día de la jornada electoral, su decisión de renunciar como candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Dos Hermanas por motivos "personales y familiares".

   Al día siguiente elevaba una denuncia al Juzgado de Instrucción número siete de Dos Hermanas, a cuenta del "chantaje y las coacciones" que motivaron su renuncia. En su denuncia, Varela exponía que pocos días antes de empezar la campaña, fue avisado de la existencia de un vídeo que le comprometía "a nivel personal y particular", tratándose de "un vídeo" que mostraba imágenes de él consumiendo drogas y que podía "ser publicado".

   El 23 de mayo, día de la jornada de reflexión, le habrían avisado de la posible llegada del vídeo a "medios nacionales" de comunicación, toda vez que el PP y el PSOE eran "conocedores" según Varela de la existencia de ese vídeo. Respecto al vídeo, exponía Varela en su denuncia que "efectivamente" muestra imágenes suyas "de perfil" y "consumiendo una raya de cocaína", un vídeo grabado con la presencia de dos "concejales salientes del PP".

"UNA EMBOSCADA"

   "El vídeo está hecho con una cámara fija en una escena totalmente preparada. Una emboscada sin mi conocimiento", exponía Varela en la denuncia. En la misma, narraba que reclamó a quien le mostraba el vídeo que le indicase "qué hay que hacer para que no salga el vídeo y no se publique", con la respuesta de que lo que debía hacer era la "retirada de candidato o candidatura", bajo la amenaza de la posible "difusión masiva del vídeo".

   A cuenta de la denuncia de Varela, el Juzgado mixto número siete de Dos Hermanas emprendió una investigación sometida al secreto de sumario durante varios meses. Después de levantar el secreto de Sumario, y a través de un auto recogido por Europa Press, el juez Óscar Rey citaba en calidad de investigados al expresidente del PP de Dos Hermanas Manuel Alcocer, al periodista local José Luis Olivares y a Francisco Javier Romero, quien habría funcionado como persona "interpuesta" en las citadas coacciones.

   Según su auto, de la investigación se desprende que la grabación del mencionado vídeo habría sido realizada "en el despacho profesional de Manuel Alcocer, así como en la casa de campo de éste", dado que existirían dos grabaciones. En cuanto al periodista local José Luis Olivares, el juez sospecha de su "posible participación" en los hechos", porque "es quien habla con el denunciante, le exhibe el vídeo y le transmite la amenaza", actuando presuntamente "como intermediario o mensajero" en una labor "mucho más allá" de la periodística.

COMO UN "GRUPO DELICTIVO"

   En su auto, el juez instructor detalla que la investigación ha revelado que las "tres llamadas" recibidas en el teléfono móvil de José Luis Olivares con las "amenazas e instrucciones" para que Varela renunciase a su candidatura procedieron de una tarjeta de prepago "adquirida por César Martínez", a instancias supuestamente de Francisco Javier Romero Sánchez, toda vez que un informe policial previo señalaba sobre este aspecto un "modus operandi habitual de los grupos delictivos", al mediar la adquisición de una tarjeta prepago mediante "personas interpuestas, generalmente extranjeros en situación irregular o pequeños delincuentes".

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