El Ayuntamiento de Tomares ha mostrado hoy su "sorpresa" por que se vaya a investigar de nuevo al alcalde, José Luis Sanz (PP), por el caso de los informes municipales de una sola frase, y ha señalado que no entiende el "empecinamiento" de la fiscal encargada del caso, ya que todo se hizo con "legalidad".
El consistorio tomareño se ha manifestado así en un comunicado después de hoy se haya conocido que la juez de instrucción 8 de Sevilla ha pedido al Senado que certifique la situación actual de Sanz para volver a investigarlo.
Ha recordado que en abril de 2015 el Tribunal Supremo "dejó claro" que Sanz actuó "siempre ajustándose a la ley", por lo que ven "llamativo" que se vuelva a solicitar al Supremo que acredite su condición de senador "justo el día que empieza la campaña".
Ha lamentado la "insistencia" de la fiscal encargada del caso en "intentar culpar" a Sanz por un asunto "del que fue exculpado" hace más de un año.
El Ayuntamiento ha indicado que "defendió, defiende y defenderá que en todo momento se ha actuado cumpliendo la legalidad vigente" y siguiendo las directrices de los habilitados nacionales, por lo que no entiende "el empecinamiento" de la fiscal.
"Cuando algo está bien hecho, siempre estará bien hecho", ha agregado el consistorio, que cree que con las nuevas peticiones "lo único que se consigue" es dilatar en el tiempo una causa que archivó el Supremo respecto a Sanz "y que seguro quedará archivada en Sevilla con respecto al resto de concejales e implicados".
Ha opinado que "llama también la atención" que la fiscal base su solicitud en el informe de un perito vinculado al socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, "nombrado por un alto cargo socialista de la Junta y sin experiencia contrastada en el derecho local".
Por el contrario, ha expuesto que obran en la causa informes del vicesecretario-interventor en el que se manifiesta "con rotundidad" que la actuación del Ayuntamiento "es plenamente ajustada a derecho y que las contrataciones son válidas".
El Ayuntamiento ha mostrado su "total confianza" en la justicia y ha indicado que está seguro de que, "pese a las actuales divergencias de interpretación del ordenamiento jurídico", este asunto administrativo, "en el que nadie se ha llevado un solo euro", quedará archivado y la se dará "nuevamente la razón" al consistorio.
