El pleno de la Diputación de Sevilla ha autorizado a la sociedad provincial Prodetur, perteneciente a la institución, a formalizar un aval bancario por valor de algo más de 2,4 millones de euros, para "atender las garantías ante el Juzgado de lo Social número seis", dada la decisión de recurrir la sentencia de dicha instancia que declara "improcedente" el despido de 12 agentes locales de promoción de empleo (ALPE) a manos de Prodetur y ordena abonarles los salarios de tramitación dejados de percibir desde su cese, por la cuantía ya citada.
Recientemente, el Juzgado de lo Social número seis de Sevilla dictaba una sentencia declarando "improcedente" el despido acometido en 2011 por Prodetur, una sociedad mercantil participado en solitario por la Diputación, sobre 12 agentes locales de empleo contratados en 2005.
Además de ordenar la readmisión de los trabajadores o el pago de indemnizaciones por los despidos, la citada sentencia condenaba a Prodetur a resarcir a los despedidos con los salarios de tramitación dejados de percibir desde sus ceses hasta la sentencia, extremo que ronda una cifra global de más de 2,4 millones de euros. Si bien la sentencia es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), para ello era necesario consignar esos casi 2,5 millones de euros o un aval por dicha cuantía.
Dado el caso, el pleno de la Diputación ha tratado la "autorización de la concertación de aval a Prodetur por un importe máximo de 2.472.301 euros", así como la decisión de que la Diputación "afiance" dicho aval.
La propuesta ha sido aprobada gracias al voto a favor del Grupo socialista, que goza de mayoría absoluta, mientras IU-CA y Participa Sevilla se han opuesto y el PP y Ciudadanos se han abstenido. El conjunto de fuerzas de oposición ha reprochado al Gobierno provincial socialista el mencionado conflicto laboral, reclamando por ejemplo IU-CA y Participa que fuese retirado el punto del orden del día y que no sea formulado el mencionado recurso ante el TSJA, para que los trabajadores afectados sean readmitidos.
Los socialistas, de su lado, han defendido que no tienen "nada en contra de estos trabajadores" y que sería una "alegría" que el litigio se resolviese a su favor, pero el Gobierno provincial debe "proteger los derechos" de la institución y los informes jurídicos determinan que "hay que recurrir" la sentencia en vez de alcanzar una "solución extrajudicial". "Hay que recurrir", la dicho la diputada socialista Concepción Ufano.
"Tenemos la responsabilidad de defender esta casa y no sólo a cinco o a 18 trabajadores", ha dicho el presidente de la institución, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos.
