Tres exdirectivos de la mina Cobre Las Cruces (CLC), de Sevilla, han aceptado hoy una pena de un año de cárcel, una multa de 6.750 euros a cada uno y una indemnización de 293.209 euros a pagar entre los tres por contaminar un acuífero y por los daños generados en la extracción de agua.

La pena ha sido comunicada hoy por la sección tercera de la Audiencia de Sevilla tras la conformidad a la que han llegado la Fiscalía de Medio Ambiente y Ecologistas en Acción con François Fleury, ex consejero delegado de la mina; William Thomas, exdirector; y Paz Cosmen Shortmann, directora del departamento de medio ambiente.

En la vista oral, a la que ha asistido en persona Cosmen y los otros dos vía internet, la presidenta del tribunal, Inmaculada Jurado, ha comunicado la suspensión de la pena de cárcel durante dos años y ha ordenado que se devuelva la cantidad sobrante de los 619.000 euros que los condenados habían consignado una vez que paguen la indemnización al Estado español.

Un portavoz de Ecologistas en Acción, Antonio Ramos, ha explicado a los periodistas que este caso, que denunciaron en 2008, supone la primera condena que se produce en España contra una empresa minera por contaminar el agua, y ha añadido que la mina estuvo cerrada un año y se reabrió en 2009 tras una inversión de 32 millones de euros en sistemas de depuración.

El acuerdo entre las partes, que ha evitado el juicio previsto en 2017, se ha llegado una vez que la Fiscalía ha rebajado la pena inicial de 5 años y 6 meses de cárcel que pedía por los delitos contra el medio ambiente y de daños al dominio público.

La Fiscalía también pedía multas de 11.700 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión durante tres años, que ha sido rebajada a un año en la sentencia, que ya es firme porque ninguna parte la va a recurrir.

Las partes llegaron a un acuerdo después de que la Fiscalía y los ecologistas admitieran que los condenados habían reparado los daños causados y también se habían producido dilaciones indebidas.

Los ecologistas, por su parte, aseguraron que durante la fase de construcción de la corta minera de la mina en Gerena (Sevilla), "detectamos una gran cantidad de balsas ilegales con aguas contaminadas que denunciamos de manera reiterada ante la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir (CHG) desde junio de 2007".

"Se comprobó que CLC incumplía sistemáticamente las autorizaciones, sobreexplotando y contaminando con arsénico el acuífero que atraviesa la mina y que entonces abastecía a una importante cantidad de población", según los ecologistas.

Tras el acuerdo entre las partes, el portavoz de la asociación denunciante ha dicho que están "enormemente satisfechos" tras esta "lucha ímproba de ocho años" contra una empresa minera que ha calificado como "depredadora del medio ambiente".

También han criticado la política minera de la Junta de Andalucía por los permisos que concede, y han resaltado que los concedidos en Ríotinto (Huelva) pueden provocar vertidos de hasta 100 millones de metros cúbicos de residuos a través del río Odiel.

Estos residuos harían desaparecer el paseo marítimo de Huelva y llegarían hasta Chipiona (Cádiz), según su portavoz, que ha recordado que en el desastre de Aznalcóllar (Sevilla) de 1998 se vertieron 7,5 millones de metros cúbicos.