El sector sevillano del taxi prevé tratar este miércoles con el director general de Movilidad de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rafael Chacón, la regulación exacta que pesa sobre las empresas de vehículos de transporte concertado (VTC), al objeto de "clarificar" los derechos y deberes concretos a los que están sujetos los conductores que ejercen dicha actividad.
El presidente de la Unión Sevillana del Taxi, Fernando Morales, ha explicado a Europa Press que se trata, en concreto, de una reunión promovida por el conjunto de la Federación Andaluza del Taxi, en la que participarán además representantes de los taxistas de Almería, Córdoba, Málaga, o Marbella. La reunión, más al detalle, se celebrará a las 12,30 horas en la sede de la Consejería de Fomento y Vivienda, en el nuevo edificio administrativo de la calle Pablo Picasso de Sevilla capital.
"Desde el sector del taxi se va a pedir que se aclare y delimite el ámbito de actuación de estas empresas y que se respete el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que indica que los vehículos concertados no pueden circular o encontrarse aparcados para captar o propiciar la captación de clientes, y menos en espacios delimitados para los taxis como aeropuertos, estaciones de transportes, hospitales, sedes de eventos, etcétera", ha recalcado Morales.
Y es que después de que la empresa de alquiler de coches con conductor Cabify desembarcase en Sevilla el pasado mes de septiembre, los taxistas denuncian supuestas situaciones de "intrusismo" por parte de los conductores de esta y otras empresas con licencia para vehículos de transporte concertado.
INVESTIGACIÓN EN MARCHA
Los conductores de Cabify y las demás empresas de esta actividad, de su lado, denuncian sucesivos y repetidos casos de violencia o acoso en su contra, a cuenta de su actividad. En ese contexto, la Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía investiga actualmente presuntas coacciones y amenazas a taxistas y conductores de vehículos con licencia de transporte concertado, con relación a los trayectos al aeropuerto hispalense de San Pablo.
En el marco de dicha investigación, los agentes han tomado declaración como testigos o como investigados no detenidos a unos 14 taxistas, deteniendo además a dos taxistas como tal, por su relación con las supuestas coacciones y amenazas.
Porque el sector del taxi, recordémoslo, está marcado por no pocas voces y alusiones a presuntos cobros abusivos, supuestas situaciones de violencia y el monopolio que un grupo de taxistas habría impuesto para hacerse con el control absoluto de la parada del aeropuerto de San Pablo, sujeta a una tarifa única con un precio de 22,2 o 24,75 euros.
MEDIDAS EN MARCHA
Frente a estas problemáticas, el Ayuntamiento anunciaba que antes de que acabase febrero, serían aproximadamente 20 los agentes de la Policía Local destinados a su Servicio Especial de Transporte e Intrusismo (SETI) o asignados a las paradas de taxi del aeropuerto de San Pablo y la estación de trenes de Santa Justa, para "combatir el intrusismo, las conductas irregulares o los cobros abusivos". "Van a trabajar en uno y otro sentido", manifestaba recientemente Juan Carlos Cabrera, concejal de Movilidad y Seguridad del Ayuntamiento.
Además, Cabrera y el director del aeropuerto de San Pablo, Jesús Caballero, han acordado dotar al aeródromo hispalense de un espacio acotado para los vehículos con licencia de transporte concertado, así como un registro de los coches autorizados para dicha actividad y paneles informativos con las tarifas de los taxis y de la línea especial del transporte urbano con destino a San Pablo.
