Agentes de la Policía Local de Sevilla han procedido a la inmovilización de otro taxi, el segundo en pocos días, que prestaba servicio sin contar con la revisión obligatoria. Tras reiterados intentos de notificación, el Instituto del Taxi ordenó la búsqueda y captura de este vehículo, así como la incoación del correspondiente expediente sancionador.

Tras ser localizado el taxi realizando un servicio se esperó a que este concluyera para evitar molestias a los pasajeros, y una vez en la estación de Santa Justa se procedió a darle el alto en el lateral de la estación de la avenida de Kansas City. Los agentes realizaron la correspondiente inspección y se procedió al traslado y depósito del vehículo hasta que se subsanen los problemas.

Se trata de la segunda actuación policial similar en los últimos días que se enmarca dentro del dispositivo de control del intrusismo, de cumplimiento de las ordenanzas y de protección de los usuarios puesto en marcha por parte de la Delegación de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, con relación al conflicto que atraviesa el sector hispalense del taxi.

Los taxis están obligados a pasar una inspección anual para comprobar que cumplen con todos los requisitos que, en caso de no realizarse, es equivalente a carecer del título de ejercicio de la actividad y por tanto se trata de una infracción muy grave con multa de entre 1.380 euros y 2.760 euros.

La ordenanza reguladora del taxi, además, establece que cuando se detecte esta infracción con el vehículo en circulación se podrá ordenar la inmediata paralización hasta que se subsanen los motivos pudiendo conllevar esta medida el depósito del vehículo. Por este motivo, y tras reiterados intentos de notificación, el Instituto del Taxi ordenó la búsqueda y captura de este vehículo, así como la incoación del correspondiente expediente sancionador.

EL CONFLICTO DEL TAXI

Continúa así, en cualquier caso, el repunte que registra la controvertida situación del taxi hispalense. Y es que después de que la empresa de alquiler de coches con conductor Cabify desembarcase en Sevilla el pasado mes de septiembre, los taxistas denuncian supuestas situaciones de "intrusismo" por parte de los conductores de esta y otras empresas con licencia para vehículos de transporte concertado.

Los conductores de Cabify y las demás empresas de esta actividad, de su lado, denuncian sucesivos y repetidos casos de violencia o acoso en su contra, a cuenta de su actividad. Cabe recordar, al respecto, que una investigación de la Policía Nacional se ha saldado con 27 taxistas investigados por presuntas coacciones y amenazas a taxistas y conductores de vehículos con licencia de transporte concertado, en el ámbito del aeropuerto de San Pablo.

DIFERENTES VERTIENTES

Todo ello, en un escenario en el que el sector del taxi está marcado por no pocas voces y alusiones a presuntos cobros abusivos, supuestas situaciones de violencia y el monopolio que un grupo de taxistas habría impuesto para hacerse con el control absoluto de la parada del aeropuerto de San Pablo, sujeta a una tarifa única con un precio de 22,2 o 24,75 euros.

Frente a estas problemáticas, el Ayuntamiento anunciaba que antes de que acabase febrero, serían aproximadamente 20 los agentes de la Policía Local destinados a su Servicio Especial de Transporte e Intrusismo (SETI) o asignados a las paradas de taxi del aeropuerto de San Pablo y la estación de trenes de Santa Justa, para "combatir el intrusismo, las conductas irregulares o los cobros abusivos". "Van a trabajar en uno y otro sentido", manifestaba recientemente Juan Carlos Cabrera, concejal de Movilidad y Seguridad del Ayuntamiento.

Además, Cabrera y el director del aeropuerto de San Pablo, Jesús Caballero, han acordado dotar al aeródromo hispalense de un espacio acotado para los vehículos con licencia de transporte concertado, así como un registro de los coches autorizados para dicha actividad y paneles informativos con las tarifas de los taxis y de la línea especial del transporte urbano con destino a San Pablo.