Emvisesa acelera el proceso de regularización y normalización de un bloque de viviendas de Torreblanca que concentra el 70% de las ocupaciones ilegales del parque público y en el que se han detectado graves problemas de convivencia y seguridad

Desalojada con propuesta de alternativa habitacional una de las personas que ha ocupado ilegalmente una de las viviendas que será adjudicada a una familia con informe de excepcionalidad concedido por los Servicios Sociales. 


La empresa municipal de vivienda, Emvisesa, está llevando a cabo un plan para la normalización y regularización de una de sus promociones en Torreblanca en la que se concentran casi el 70% de las ocupaciones ilegales en el parque público de viviendas producto de una expulsión paulatina de sus legítimos adjudicatarios. En este bloque se investiga además si se están produciendo por parte de algunos de los ocupantes ilegales llamamientos e incitaciones a la ocupación ilegal de pisos de Emvisesa.

De hecho, en los últimos meses se ha realizado una inversión de más de 200.000 euros en recuperar condiciones de habitabilidad (que se ha tenido que ejecutar con graves dificultades para que los empleados pudieran realizar su trabajo), se han realizado intervenciones en coordinación con la Policía Nacional por usos irregulares del sótanos en los que se detectaron hasta  peleas de gallos y perros de presa y se ha generado una mesa de trabajo en coordinación con el distrito con el objetivo de garantizar la seguridad y la convivencia en el bloque y en su entorno gravemente deteriorada.

En ese contexto, en el día de hoy, una mujer ha sido desalojada por orden judicial junto a su pareja y a tres hijos de la vivienda de Emvisesa que ocupaban ilegalmente desde febrero de 2016 en Torreblanca una vez que se ha constatado por parte de los Servicios Sociales que no reúne los requisitos para obtener un informe de excepcionalidad. Se le ha garantizado en todo momento una alternativa habitacional de transición así como un año de ayudas al alquiler a través del programa de las PPC de Emvisesa. Dado su rechazo a cualquier medida, se ha articulado un procedimiento de urgencia para garantizar que en caso de que así lo quiera esta persona será realojada en adecuadas condiciones de forma transitoria. Por este motivo, la UMIES ha estado presente hoy durante todo el proceso.

En paralelo al desalojo,  se ha firmado el contrato con una familia que ha obtenido el informe de excepcionalidad por parte de la unidad de Torreblanca Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla y que por tanto reúne los requisitos para una actuación de urgencia y su acceso a una vivienda.

Se da la circunstancia de que el entorno de la mujer desalojada por orden judicial ha ocupado de forma ilegal en repetidas ocasiones viviendas en esa misma zona. Así, según consta en los informes,  su madre y su tía son adjudicatarias legales de dos viviendas en ese bloque. Su hermana ocupó una vivienda en ese mismo edificio que abandonó al obtener un informe de excepcionalidad para realojarse en un piso de AVRA mientras que su hermano y su pareja ocuparon otra vivienda en el mismo portal y entregaron las llaves a Emvisesa el día del juicio.

De hecho, la vivienda ocupada por esta persona quedó formalmente vacía el 12 de febrero de 2016 por renuncia de su anterior adjudicatario. En unos días, antes de que los técnicos pudieran realizar las labores de adecuación del inmueble fue ocupado de forma ilegal por esta persona. Durante este tiempo no ha podido entregarse la vivienda como estaba previsto a una de las familias con informes de excepcionalidad avalados por los Servicios Sociales.

En estos momentos la mujer desalojada tiene en vigor un contrato de seis meses en el Ayuntamiento de Sevilla a través de uno de los programas de contratación extraordinarios por lo que cuenta con ingresos. Asimismo, según consta en los informes tiene todos los suministros enganchados de forma ilegal.

Emvisesa a través de la Oficina Municipal de la Vivienda y de los Servicios Sociales ha evaluado distintas alternativas durante estos meses y ha pedido que de forma voluntaria se acepte alguna de las líneas de ayudas establecidas acordes con su situación económica. Ante el rechazo, y la existencia de personas con informes de excepcionalidad pendientes de una adjudicación, se ha realizado el desalojo por orden judicial garantizando en cualquier caso alternativas para la familia.

Según fuentes municipales, se les ha ofrecido un alojamiento transitorio (piso u hostal) y un año de ayuda al alquiler en una vivienda que ellos encuentren.