El consejero de Fomento, Felipe López, ha propuesto hoy al Gobierno la puesta en marcha de una base de datos nacional con las licencias de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) y los servicios precontratados por los clientes para la convivencia pacífica de ambos sectores y evitar la especulación.
En su comparecencia en comisión parlamentaria para informar sobre actuaciones de la Consejería de Fomento y Vivienda en relación a la situación del sector taxi y su convivencia con los VTC, el consejero ha alegado que crear una base de datos en Andalucía o en cada comunidad autónoma no es útil ni eficaz en las labores de inspección y control que hacen las regiones.
Todos los grupos (Ciudadanos, Izquierda Unida y Podemos) han apoyo esta iniciativa, menos el Partido Popular que se ha mostrado partidario de que se ponga en marcha primero en Andalucía.
El consejero ha insistido en que las competencias para regular ambos sectores son del Gobierno y la Junta tiene delegadas la inspección, sanciones y también autoriza las licencias.
En este sentido, ha avanzado que denegará nuevas licencias de VTC "si los ayuntamientos estiman que no son necesarias".
El diputado del PP Antonio Saldaña ha discrepado del consejero al asegurar que el Estatuto de Autonomía en su artículo 64 confiere potestad a Andalucía para regular el sector del transporte por carretera, en el que se incluyen los VTC, y, por tanto, le ha instado a que "no eche las culpas a otros" (Gobierno).
Felipe López ha afirmado que el PP "se equivoca en la interpretación del Estatuto" y ha considerado "disparatada" la propuesta de los populares porque sería como regular licencias de VTC andaluzas y eso "agravaría el problema" porque no anula las licencias nacionales que operan en Andalucía, ha argumentado.
En cualquier caso, el titular de Fomento ha aclarado que existe regulación estatal del sector de VTC, pero no se cumplen algunos aspectos como la relación de licencias con el número de taxis fijada en una por treinta taxis y en Andalucía es de una por diez.
Aunque la Junta ha denegado sistemáticamente y "no por capricho" las licencias, los tribunales las autorizan porque un sentencia del Supremo abrió un "cauce de jurisprudencia que ha dado licencias a los peticionarios".
El consejero ha incidido en que es el Ministerio de Fomento el que tiene la potestad normativa para acercar las ratios de licencia a lo establecido en la ley.
En su tarea de inspección del sector de VTC, la Junta abrió el año pasado 93 expedientes sancionadores y en lo que va de este año 78.
Otra herramienta es la puesta en marcha de una web con una base de datos de las licencias y viajes precontratados y, según el consejero, lo "racional es hacer una para toda España y no diecisiete" correspondientes a cada comunidad autónoma.
Felipe López también ha planteado otras sugerencias al Ministerio de Fomento para "cortar las expectativas de especulación" en los VTC como prohibir las transmisión de licencias que tengan menos de diez años, que no se pueda dejar de prestar el servicio durante tres meses y establecer un número mínimo de conductor.
No obstante, el consejero echa falta un "compromiso claro" del Gobierno que achaca a una "orientación política" de "liberalización absoluta del sector".
Por parte de IU, Inmaculada Nieto, ha coincidido en que se busca una "liberalización absoluta del sector" y ha denunciado que se está "pirateando el servicio de taxis y deteriorándolo", al tiempo que ha emplazado a la Junta a reformar la inspección y las sanciones.
En representación de Ciudadanos, Carlos Hernández, ha apoyado las medidas planteadas por el consejero para intentar que ambos colectivos "conviven sin conflictos" y ha demandado a la Junta "más inspección para controlar la competencia desleal y controlar el negocio lucrativo de licencias de VTC".
Carmen Molina, de Podemos, ha expuesto que el conflicto entre los dos modelos se debe al vacío legal que han aprovechado empresas como Uber y Cabify como nicho de mercado y que ha provocado una "burbuja de licencias", incluso algunos taxistas las están comprando, que han crecido mucho en los últimos años y cuestan cerca de 40.000 euros.
El diputado del PP Antonio Saldaña ha censurado la "pasividad" de la Junta en el conflicto de los taxistas de Málaga el pasado mes de agosto durante la feria de la ciudad con los VTC y ha reconocido que, aunque la solución a este problema "no es fácil", la Junta "debe poner un poco de orden y no mirar para otro lado".
La diputada del PSOE Beatriz Rubiño ha negado que el Ejecutivo se desentendiera del conflicto del taxi en Málaga y ha acusado al diputado del PP de "mentir" porque el "sector se ha visto apoyado por este Gobierno y por el grupo socialista".
