La Fiscalía de Sevilla ha solicitado cinco años de cárcel para el exalcalde socialista de Burguillos José Juan López y dos años de prisión para su sucesora, Mariana Pérez González, a cuenta de presuntos delitos de fraude de subvenciones, falsedad en documento oficial y prevaricación en relación a dos ayudas de la Junta por un total de 728.911 euros para la construcción de una guardería y la adquisición de mobiliario para un centro multifuncional que se habrían destinado a "otros fines".

En el escrito de acusación, el Ministerio Público pide para José Juan López, por un delito de fraude de subvenciones, dos años de cárcel, multa de 400.000 euros y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un periodo de cuatro años.

Asimismo, reclama para López, actualmente en prisión y que fue alcalde entre 1995 y 2009, tres años de cárcel, el pago de una multa de 3.600 euros y cuatro años de inhabilitación por un delito de falsedad en documento oficial, mientras que también le pide diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

En el caso de Mariana Pérez González, la Fiscalía le reclama por un delito de fraude de subvenciones dos años de cárcel, multa de 530.000 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un periodo de cuatro años.

Además, la Fiscalía reclama en este escrito consultado que José Juan López indemnice a la Junta con 215.845,40 euros y que Mariana Pérez González lo haga en la cantidad de 513.065,75 euros, interesando que el Ayuntamiento de Burguillos sea declarado responsable civil subsidiario del pago de estas cantidades.

DENUNCIA DEL PP

Tras la denuncia presentada por el Gobierno local del PP, la Fiscalía relata en su escrito de acusación que fue el 7 de febrero de 2007 cuando el exalcalde solicitó a la Delegación del Gobierno de la Junta la concesión de una subvención destinada a la adquisición de mobiliario para el centro multifuncional y sala de usos múltiples 'Carmen Laffón'.

El 30 de julio de 2007, la Junta dictó resolución por la que concedió al Ayuntamiento una ayuda de 215.845,40 euros, correspondiente al 80 por ciento de lo presupuestado para tal fin, tras lo que el acusado encomendó la adquisición del mobiliario a la sociedad municipal 'Burguillos Natural', quien lo compró a la empresa Gabriel Ríos.

La Fiscalía asevera que el mobiliario "fue efectivamente entregado" por la vendedora, pero el Ayuntamiento, "a pesar del dinero recibido para este fin, no abonó nada a la empresa que lo suministró, destinando esa cantidad a fines distintos a aquellos para los que se concedió".

"A pesar de que el propietario" de la empresa Gabriel Ríos "mantuvo conversaciones" con José Juan López para el pago del mobiliario suministrado, este "puso sucesivas excusas", presentando finalmente la empresa solicitud de declaración de concurso de acreedores respecto a 'Burguillos Natural' "por la falta de pago y solvencia" de la entidad.

"NO RESPONDÍA A LA REALIDAD"

En este punto, el Ministerio Público dice que en la factura vinculada al mobiliario, de fecha 7 de octubre de 2007, constaba como proveedor 'Burguillos Natural', lo que "no respondía a la realidad", ya que la empresa que suministró el mobiliario era Gabriel Ríos, "siendo 'Burguillos Natural' la que lo adquirió para el Ayuntamiento sin que hubiera realizado su pago".

Según añade el Ministerio Público, el acusado era presidente del Consejo de Administración del grupo de empresas 'Burguillos Natural', "y como tal conocía la falta de realidad de esa factura, no constando si la elaboró él mismo o un tercero a su ruego".

Cuando llegó el momento de justificar ante la Junta que la subvención recibida "se había destinado al fin previsto", el acusado remitió para su incorporación al expediente abierto "una certificación realizada por el interventor municipal en la que se hacía constar la recepción de los pagos anteriores y que la subvención se había aplicado íntegramente a los fines para los que se concedió", remitiéndose a la factura mencionada.

La Fiscalía precisa que, el 30 de abril de 2009, el acusado dictó un decreto de Alcaldía donde "asumía el compromiso de pago" de 'Burguillos Natural' con la mercantil Gabriel Ríos por 257.580,36 euros para llevarla a cabo en el plazo de un año y medio y la inclusión de esa deuda en el plan de saneamiento derivado de la necesidad de atender las obligaciones derivadas de la extinción de 'Burguillos Natural'.

LA GUARDERÍA NO SE CONSTRUYÓ

Y todo ello "a pesar del informe desfavorable del interventor municipal en el que se hacía constar que no existía consignación presupuestaria al respecto, que no existía ningún tipo de relación acreedor-deudor entre Gabriel Ríos y el Ayuntamiento", ya que el mobiliario "había sido adquirido" por 'Burguillos Natural', "y que sólo podría adoptarse ese compromiso una vez liquidada la sociedad y autorizada por la autoridad competente la subrogación del Ayuntamiento en esa deuda".

Respecto a la subvención para la construcción de una guardería municipal, la Fiscalía afirma que fue el 14 de marzo de 2008 cuando el acusado, como alcalde de Burguillos, solicitó a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social una ayuda por importe de 1.226.131,50 euros para dicho fin.

Por resolución de 25 de junio de 2009, la Delegación Provincial de esa Consejería concedió al Ayuntamiento una subvención por importe de 513.065,75 euros para la construcción de la guardería, verificándose el ingreso por Mariana Pérez González, entonces alcaldesa, el 31 de julio de 2009.

No obstante, y según el Ministerio Público, el 18 de junio de 2012 se dictó resolución por el delegado provincial de Educación en Sevilla "exigiendo al Ayuntamiento de Burguillos el reintegro" de la ayuda más 74.115,90 euros de intereses de demora "al no haberse construido la guardería para la que se concedió la subvención, habiéndose destinado ese dinero a otros fines".