El Tribunal Supremo (TS) ha resuelto la "apertura de procedimiento" contra el exalcalde de Alcalá de Guadaíra Antonio Gutiérrez Limones, actualmente diputado socialista en el Congreso por la provincia de Sevilla y por tanto aforado, a cuenta la investigación relativa a la gestión de la extinta sociedad Alcalá Comunicación Municipal (ACM), perteneciente al Ayuntamiento alcalareño.
A través de un auto emitido el pasado 3 de noviembre y recogido por Europa Press, el Tribunal Supremo responde a la exposición razonada que hace pocos meses le elevó el juzgado mixto número dos de Alcalá de Guadaíra, encargado de la instrucción de la citada investigación, dados los "indicios de criminalidad" que según el juez instructor Francisco Alba pesan contra el exalcalde de Alcalá y actual diputado del Grupo socialista del Congreso Antonio Gutiérrez Limones.
En aquella exposición razonada formalizada el pasado 31 de mayo y recogida por Europa Press, el juez instructor resume los principales términos de la investigación, que arranca de la grabación en la que Javier L.G., antiguo contable de la ya extinta empresa pública ACM, "reconocía abiertamente, sin saber que estaba siendo grabada la conversación, la realización en el seno de la entidad de una serie de graves irregularidades penalmente relevantes".
Se trataba de "gastos en comidas de los responsables de ACM, entradas a teatros, regalos, relojes, cámaras de fotos, suplantación de la firma de la entonces presidenta (y exalcaldesa del municipio) Guillermina Navarro, viajes realizados a costa de la entidad pública por parte de los responsables de la empresa, retiradas de dinero en efectivo de las cuentas bancarias o expedición de cheques por personas no autorizadas".
El juez instructor señalaba además que las pesquisas habían puesto de relieve indicios sobre un viaje a Puerto Rico en el que habrían participado el que fuera gerente de ACM, José Luis Díaz, y la entonces teniente de alcalde y miembro del consejo de administración de ACM Miriam Burgos, "además de sus respectivas parejas". El viaje, según los investigadores, "se justificó contablemente como una imputación de la sociedad Grafisur", cuyo administrador habría admitido "la falsedad de la mencionada factura".
Mencionaba además el juez que la investigación habría puesto de manifiesto gastos de 976 euros facturados a ACM, por un viaje a Madrid y visitas al parque de atracciones Warner y al parque temático Faunia, supuestamente disfrutados por "Gutiérrez Limones, su mujer y sus dos hijos".
EL "SAQUEO" DE ACM
Así, en su exposición razonada, el juez instructor desgranaba toda una serie de "supuestas actuaciones irregulares de saqueo de la empresa pública", incluyendo prácticas "irregularidades" con proveedores y clientes, "tales como obligarles a facturas dos veces el mismo concepto, facturar por servicios no prestados o incrementar desproporcionadamente el precio de la facturado".
"Todas las irregularidades fueron dadas a conocer a los órganos superiores de la empresa municipal y eran conocidas por Gutiérrez Limones", opina el juez instructor, que atisba una "intención originaria de instrumentalizar la entidad para la realización de las actuaciones investigadas", dada "la ampliación totalmente injustificada, arbitraria e indeterminada del objeto social" de ACM.
Según el juez, tal "modificación, aleatoria e indeterminada del objeto social", acometida con Gutiérrez Limones como presidente de la junta general de ACM al ostentar la Alcaldía, "pudo amparar toda la actuación fraudulenta e infringe la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local".
Recordaba el juez, además, que "el interventor (municipal) dejó clara la actitud totalmente obstruccionista del alcalde y de los responsables de los órganos de gobierno local y de ACM, para que se llevara a cabo el control contable y financiero de dicha entidad". "Hasta en seis ocasiones por escrito, y en más ocasiones verbalmente, se le comunicó a Gutiérrez Limones y a los concejales más próximos al mismo la necesidad de dotar con más medios personales y materiales su puesto con la finalidad de controlar las cuentas de ACM", rememora el juez, según el cual "Limones hizo caso omiso de la solicitud".
"De la testifical del interventor se pone de manifiesto, de manera indiciaria, la existencia de una actitud deliberada y obstruccionista por parte de la junta de gobierno y la junta general de ACM, ambas presididas por Gutiérrez Limones, para que no se llevara a cabo el control contable, financiero y de eficacia de la empresa pública", insistía el juez instructor en su exposición razonada.
El juez, así, detectaba la posible "existencia de indicios de una estructura cerrada y coordinada dentro de los tres estamentos de la entidad, Gerencia, consejo de administración y de junta general, en la que mediante el incumplimiento deliberado de las obligaciones legales y estatutarias, se llevó a la quiebra a la entidad pública y, finalmente, a la malversación de grandes cantidades de dinero público".
EL PAPEL DE LIMONES
"De todas estas actuaciones era conocer directo Gutiérrez Limones no sólo por la realización directa de actos de malversación, sino también mediante la no adopción de medidas a las que estaba obligado legal y estatutariamente para evitar el saqueo de la entidad pública", razonaba el juez, que dado que "aparece clara la existencia de indicios de criminalidad en una persona aforada", proponía al Supremo que asumiese "la competencia en relación a la persona aforada y a los no aforados, por no poder llevarse el procedimiento de manera separada".
Frente a dicha exposición razonada, el Supremo expone en su auto que, en efecto, en los hechos investigados "aparecen indicios de criminalidad que pudieran ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos" por parte del mencionado diputado socialista y por tanto aforado. Por eso, el TS admite que "procede asumir la competencia en lo que respecta al aforado Antonio Gutiérrez Limones", pero no en los aspectos de la causa judicial relativos a los no aforados.
En consecuencia, en este auto de fecha 3 de noviembre, el TS se declara "competente" para el "enjuiciamiento" del exalcalde de Alcalá y diputado socialista en el Congreso por la provincia de Sevilla, acordando la "apertura de procedimiento".
