Participa Sevilla ha denunciado este viernes que el Ayuntamiento hispalense tiene contraída actualmente una "deuda ilegítima" de más de 8 millones de euros, que corresponden a "intereses inflados" que la administración ha pagado desde el año 2012 en concepto de préstamos contraídos en el marco del Plan de Pago a Proveedores (PPP).
Según recuerda la formación, que ha presentado los resultados de la auditoría que ha elaborado al respecto, el Gobierno central articuló un plan para transformar la deuda comercial (facturas impagadas) de los ayuntamientos en deuda con la banca privada, a través de préstamos para el pago de proveedores. Un sistema en el que las administraciones incluyeron facturas desde 2012 hacia atrás, y que en el caso del Ayuntamiento de Sevilla, conformó una deuda total de más de 59 millones de euros.
Participa considera que ese sistema ideado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, fue un "gesto político que perpetuó la dependencia de las entidades locales de los bancos, una maniobra que lavaba la deuda ilegítima contraída por el mal uso de los recursos públicos, convirtiéndola en deuda de pasivo con entidades financieras".
Banca privada
En el caso de Sevilla, ese montante global de más de 59 millones ha generado, según Participa, pagos por 8,2 millones de deuda ilegítima "con los que han tenido que cargar los sevillanos". La mayor parte de esos intereses inflados (7,3 millones) corresponden al periodo entre 2012 y 2014, año en el que la deuda se refinanció con cuatro préstamos adquiridos con Santander, BBVA, Caja Rural y La Caixa.
Desde ese año, la cantidad se redujo considerablemente debido a que el tipo de interés bajó de 6 al 3,5 por ciento. Aun así, "siguen siendo (los de dichas entidades privadas) mucho mayores que los emitidos por el Banco Central Europeo, y que son los que deberían correspondido a dichos préstamos", ha criticado el edil de Participa Julián Moreno. "De hecho, es que desde abril de 2016, el tipo de interés del BCE es del 0 por ciento, lo que supone que desde esa fecha los ayuntamientos no deberían pagar ni un euro de intereses".
De igual forma, el concejal incidido en la "laxitud" del decreto, "porque en ese paquete de facturas de 2012 para atrás las administraciones locales metieron algunas sin detalle suficiente, o sin la firma del técnico responsable". "Bien pudieron colarse facturas injustificadas", denuncia Moreno.
