En el contexto de la investigación de los presuntos ataques y amenazas sufridos por conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) a manos de taxistas y supuestas coacciones en la parada de taxis del aeropuerto de Sevilla, la asociación ciudadana Sevillasemueve ha reclamado al Gobierno local socialista que "tome cartas respecto a la situación de hostilidad y mala praxis que provoca cierto sector del taxi en el aeropuerto".

En un comunicado, la citada asociación ciudadana ha señalado los oficios elevados por la Brigada de Información de la Policía Nacional al Juzgado de Instrucción número ocho, respecto al papel de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi en el devenir de la parada de taxis del aeropuerto, donde esta entidad tiene precisamente instalada su sede.

Al respecto, el colectivo avisa de que "con cada nueva información publicada, la gestión del Ayuntamiento de Sevilla resulta cada vez más bochornosa y, en particular, la de la Delegación de Movilidad, cuyo responsable, como director que fue del Instituto del Taxi, conoce el caso mejor que nadie". "Pocos serán los sevillanos que no se avergüencen al leer sobre la trama que desarrolla el grupo de taxistas que ha establecido un monopolio en el aeropuerto a base de coacciones y amenazas, según vienen narrando los medios a través de fuentes policiales", señalan desde la asociación.

En ese sentido, el colectivo lamenta que el concejal de Seguridad y Movilidad, Juan Carlos Cabrera (PSOE), siga "impasible y mirando para otro lado, ante un caso que da para varios guiones de cine". "No sólo no se corta a la hora de echar balones fuera y eludir su responsabilidad de solucionar los problemas de la ciudad, sino que parece darse por satisfecho afirmando que no se pueden tomar medidas hasta haber una sentencia firme", critica la asociación.

Por eso, el colectivo reclama que el Ayuntamiento comience a "ejecutar medidas contra el monopolio autoestablecido por el grupo de taxistas del aeropuerto", apostando por implantar el turno rotatorio en la parada de taxis del aeródromo, extremo avalado por la Justicia, para "garantizar que cualquier profesional del sector pueda acudir al aeropuerto sin sufrir amenazas o temer por su integridad física o por la de su instrumento de trabajo". Además, Sevillasemueve reclama mejorar la línea de autobuses de Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam) que conecta el aeropuerto con la ciudad.

LA INVESTIGACIÓN DE LOS TAXIS
Hablamos de la investigación de los presuntos ataques y amenazas sufridos por conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) a manos de taxistas y las supuestas coacciones en la parada de taxis del aeropuerto, para monopolizar la misma. Y es que dicha parada, recordémoslo, está sujeta a una tarifa única que oscila entre 22,3 y 24,3 euros por trayecto.

Fruto de las pesquisas iniciales de la Brigada de Información de la Policía Nacional, que ha investigado al menos a 32 taxistas, el Juzgado de Instrucción número ocho ha dividido sus actuaciones en una primera causa sobre las supuestas amenazas y ataques de taxistas a conductores de VTC y unas segundas diligencias sobre presuntas situaciones de coacción y amenaza para acaparar la parada de taxis del aeropuerto de San Pablo.

En las segundas diligencias, en ese sentido, figuran como investigados los principales dirigentes de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, entre ellos Enrique Filgueras, Antonio Velarde o Francisco Ternero, toda vez que esta organización está radicada precisamente en un local del aeropuerto de Sevilla, registrado en junio de 2017 por la Policía Nacional.

Al respecto, los informes policiales derivados de dicho registro, recogidos por Europa Press, reflejan que los agentes habrían encontrado en la sede de Solidaridad Hispalense del Taxi documentación relativa a supuestas sanciones de la asociación a sus miembros, con prohibiciones temporales respecto al uso de la parada de taxis del aeropuerto o medidas punitivas por no participar en las movilizaciones convocadas por la entidad. En algunas sanciones, según los agentes, mediaría la máxima de que ante "cualquier duda", los taxistas afectados debían dirigirse al secretario de la asociación y "nunca" al presidente, Enrique Filgueras, porque tal extremo implicaría la "duplicación" de la sanción.

EL PAPEL DE SOLIDARIDAD DEL TAXI
De estos extremos, a juicio de los agentes, se infiere "que la Asociación Solidaridad Hispalense del Taxi impone su propio calendario de días de descanso o bien se arroga la potestad sancionadora de la administración".

Entre la documentación decomisada, además, figurarían "fotografías de coches patrulla de la Policía Local y fotografías de policías locales, además de anotaciones de números de carné de policías locales que señalan como perseguidores de los taxistas de la asociación". Igualmente, los agentes habrían encontrado, siempre según este oficio, "fotografías de vehículos VTC estacionados" en un lugar donde "se produjeron daños grabados en las cámaras de video vigilancia los días 9, 21 y 25 de enero" de 2017, así como "fotografías de un conductor de Tussam".

Incluso localizaron, según uno de estos oficios recogidos por Europa Press, fotografías de la boda civil del presidente de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, oficiada por el actual concejal de Seguridad y Movilidad, el socialista Juan Carlos Cabrera, quien además habría asistido a la celebración.