El sindicato CCOO de Sevilla ha celebrado que "por fin" haya sido ordenada la inscripción de la antigua comisaría de Policía Nacional de la Gavidia, enclavada en pleno centro de la ciudad hispalense, en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía, reclamando por ello al Consistorio que defina cuanto antes "qué espacios" de dicho edificio serán destinados a preservar la historia de dicho inmueble y sus connotaciones en materia de memoria histórica.

El secretario de Relaciones Institucionales de CCOO de Sevilla, Carlos Carreño, ha manifestado a Europa Press que aunque haya mediado cierta "lentitud" o "relajación" en la incoación de este procedimiento, pues fue el 18 de julio de 2017 cuando la Junta de Andalucía anunciaba que había concluido la fase de valoración promovida para declarar este edificio como Lugar de Memoria Democrática, es necesario celebrar que "por fin" haya sucedido tal extremo.

Y mientras este acto administrativo implica la apertura de un periodo de 15 días para formular alegaciones o propuestas a la inscripción de la antigua comisaría en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía, así como un trámite de audiencia expreso para el Ayuntamiento de Sevilla como dueño del edificio, según el acuerdo recogido por Europa Press, Carreño ha reclamado al Consistorio, gobernado por el socialista Juan Espadas, que "concrete qué espacios" del edificio serán finalmente destinados a conservar el legado de la memoria histórica que el mismo representa.

Régimen de protección

La Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía que regula la figura de Lugar de Memoria Democrática, por cierto, estipula todo un "régimen de protección y conservación" para los lugares declarados como tal, determinando que "la Consejería competente en materia de memoria democrática podrá impedir un derribo y suspender cualquier clase de obra o intervención en un Lugar de Memoria Democrática".

Esta regulación expone que para "salvaguardar los valores históricos, etnográficos o antropológicos" de los lugares declarados de Memoria Democrática, "será necesaria la autorización de la Consejería competente, con carácter previo a las restantes autorizaciones o licencias, para cualquier cambio o modificación que se desee llevar a cabo, tanto se trate de obras de todo tipo, incluyendo remociones de terreno, como de cambios de uso".

En paralelo, el artículo 27 de esta ley regula las "obligaciones" de los propietarios de lugares de Memoria Democrática, comenzando por "el deber de conservarlos y mantenerlos de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores". En consecuencia, la Administración andaluza goza de potestad para ordenar como tal a los propietarios, la ejecución de medidas destinadas a "garantizar la conservación, mantenimiento o custodia de los bienes inscritos como Lugar de Memoria Democrática". Los dueños de inmuebles declarados de Memoria Democrática, además, tienen "la obligación de permitir su visita pública cuatro días al mes, en días y horas previamente señalados".

La Gavidia

El citado edificio de la Gavidia, ubicado en la plaza de la Concordia, funcionó durante décadas como comisaría de la Policía Nacional hasta que fue cerrado en 2003 y después cedido por el Ministerio de Interior al Ayuntamiento de Sevilla.

Desde entonces, el Consistorio ha intentado varias veces vender el inmueble, aunque siempre sin éxito. En el pasado mandato, el entonces gobierno local del PP promovió de hecho una primera modificación del PGOU para reclasificar el edificio de suelo de interés público y social (SIPS) a suelo de gran superficie comercial, si bien al arrancar el actual mandato y recuperar el PSOE el poder, el Ayuntamiento desistió de completar dicha operación para decidir qué uso dar al edificio.

Para ello, sobre la mesa han pesado distintas propuestas para destinar el edificio a un hotel, un espacio de salud y deporte, un centro de investigación y emprendimiento universitario, un espacio socio cultural o un enclave dedicado a la memoria histórica.

En cualquier caso, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno local del PSOE y el Grupo popular del Ayuntamiento para que los populares se abstuviesen en la votación del proyecto presupuestario de 2018 incluía el compromiso de promover una nueva recalificación del edificio, para que el mismo admita usos terciarios y ofrecer de nuevo el inmueble al sector privado.

En ese sentido, el pleno ordinario celebrado por el Ayuntamiento de Sevilla el pasado 28 de diciembre incluyó la aprobación inicial de la citada recalificación, mediante la cual el edificio admitirá oficinas, un hotel, equipamientos, pequeños comercios o un uso sociocultural, al objeto de que el Ayuntamiento licite su adquisición o aprovechamiento o explotación.