Francisco Gutiérrez, magistrado de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla, analiza la situación de la Carrera Judicial en Sevilla, extensible al resto del territorio nacional, después de que recientemente se anunciaran nuevos paros de jueces y fiscales ante la falta de voluntad política para mejorar las condiciones laborales de este sector. "No necesitamos medios, sino tiempo para resolver justamente y no quitándonos los asuntos de en medio", ha expresado.

Gutiérrez, perteneciente a la asociación Foro Judicial Independiente e integrante de la Mesa de Retribuciones que negocia con el Gobierno, ha asegurado que desde las movilizaciones y reivindicaciones del pasado año a nivel nacional y en la Audiencia, en particular, allá por el mes de febrero, "no se ha hecho nada" por parte del Ejecutivo central, estando el PP y el PSOE.

El magistrado ha realizado estas declaraciones a Europa Press en su despacho, que comparte con tres magistrados más y entre montañas de papeles, lamentando que la ciudadanía no sea consciente de la situación en la que desarrollan su trabajo y no entienda sus reivindicaciones.

"No se ha conseguido nada con la ministra de Justicia", Dolores Delgado, para mejorar las condiciones laborales de la Carrera Judicial y Fiscal en España, ha insistido.

Precisamente las cuatro asociaciones judiciales y tres fiscales --Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Asociación de Fiscales, Juezas y Jueces para la Democracia, Unión Progresista de Fiscales, Foro Judicial Independiente y Asociación Profesional Independiente de Fiscales-- recientemente han planteado once propuestas concretas a Delgado ante las próximas movilizaciones anunciadas para el 5, 6 y 7 de marzo, con paros entre las 10,00 y las 14,00 horas.

REIVINDICACIONES

Así, piden el desarrollo reglamentario del artículo 437.2 en órganos judiciales sobrecargados, asignándoles dos jueces de manera permanente, con el correlativo aumento de plazas de fiscales en las mismas condiciones; la derogación urgente del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, recurriendo al Real Decreto Ley si es necesario, evitando casos de impunidad en casos de corrupción; la paralización de la 'Justicia Digital'; la convocatoria de 300 plazas en las Carreras Judicial y Fiscal; un efectivo incremento de unidades judiciales (75) y de la plantilla de fiscales (80) previsto en el ejercicio presupuestario del año pasado; la retribución de las guardias conforme a la responsabilidad del cargo; la retribución de las sustituciones de manera completa; el desarrollo del complemento de carrera profesional; la recuperación del exceso de bajada retributiva sufrido injustificadamente por estas carreras con relación a la media de bajada que sufrió la función pública, aceptando un plan progresivo en este ejercicio y en los inmediatamente siguientes; la inclusión de la partida de 7.000.000 euros en el capítulo I de los PGE o, en su caso, la autorización del Ministerio de Hacienda, para su reparto entre las Carreras Judicial y Fiscal; y la derogación urgente de la nueva redacción de los artículos 307, 326 y 347 bis Ley Orgánica del Poder Judicial para volver a la anterior redacción.

Gutiérrez, analizando las medidas que solicitan, ha asegurado que "sólo reclamamos lo nuestro", preguntándose por qué fueron el colectivo al que más bajaron los salarios, quizás "por la huelga de 2008 y no someternos".

"Pedimos lo que teníamos en 2010", volviéndose a preguntar "por qué ese ensañamiento con los jueces y fiscales, qué interés tiene el Estado y los partidos políticos contra este colectivo. Seguimos luchando contra la corrupción y quieren seguir controlándonos", ha respondido.

Con respecto a la carga de trabajo, el magistrado ha sido rotundo: "No necesitamos medios, sino tiempo para analizar bien los casos y no resolvamos mal, porque esto supone más trabajo con los recursos. Se trata de resolver justamente, no quitando asuntos de en medio, que es donde está el problema".

Para ello ha reclamado un estudio "serio" de la situación de la Carrera Judicial y Fiscal por parte de las administraciones competentes, lamentando que no exista un estudio del coste social que supone una Justicia lenta tanto al justiciable, como a la sociedad o la economía, así como a la imagen de un país.

"UN JUEZ PENAL SALE GRATIS"

"La Justicia mal gestionada cuesta dinero, pero también recauda menos, pues si ejecutas bien recaudas más y esto son ingresos para el Estado", ha afirmado, precisando que un juez penal "sale gratis" porque, según ha planteado, un magistrado pone entre 400 y 500 sentencias al año, la mayoría con multas. "Si no se ejecutan no se recauda", ha insistido.

En este punto, se ha referido al trabajo de su Sección en la Audiencia de Sevilla. En 2016 la Sección Cuarta impuso un millón de euros en multa, "recaudó 5.000 euros", ha afirmado, planteando en este sentido la oportunidad existente si se establece un plan finalista para estas aportaciones.

Ha continuado abordando cuestiones económicas, como el coste de la Justicia Gratuita en España, 250 millones, frente a los 208 millones de las Carreras Judicial y Fiscal.

El magistrado de la Audiencia de Sevilla ha vuelto a apuntar a que la solución no es más plazas "sino menos trabajo", evitando la litigiosidad, frente a los innumerables recursos presentados por los abogados que "atascan", por ejemplo, la instrucción. "No todo puede ser un pleito", ha añadido.

La educación es una solución "a largo plazo", pero "a corto plazo" pide analizar "el impacto de trabajo en los juzgados" ante cada nuevo Código Penal, recordando que "cada frustración social crea un delito" con lo que esto supone para los órganos judiciales.

Gutiérrez ha subrayado que las reivindicaciones de los jueces y fiscales buscan poner de relieve el daño al ciudadano por parte del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas, pero "les da igual, nadie hace nada".

Ha abogado por la digitalización de la Justicia para mejorar la organización pero no para que recaiga más trabajo y todos los inconvenientes de la tecnología sobre los jueces, comentando como ejemplo como ahora tienen que escuchar grabaciones de las declaraciones de las instrucciones y tomar notas en lugar de leer la transcripción de las mismas.

"MEDIDAS IRRACIONALES Y ESCONDEN EL PROBLEMA"

De otro lado rechaza poner límite a la instrucción. "Se intenta resolver el colapso judicial con medidas irracionales y escondiendo el problema".

Igualmente, considera que no se llega a valorar la labor de un juez. "Un médico no puede estar igual remunerado que un camillero, ni un policía local de un pueblo que un juez", ha expuesto, hablando en estos casos de "denigrar hasta este punto" a los magistrados, que viven una situación de "hartazgo y abandono desde hace 15 años".

"¿Qué somos para el Estado? ¿Una profesión importante que hay que proteger? ¿Cuál es nuestro problema?", se ha preguntado Francisco Gutiérrez, en declaraciones a Europa Press, mientras sus compañeros de Sección continúan trabajando en su despacho conjunto, lamentando que tengan que pagarse hasta las togas.

El magistrado ha concluido asegurando que con 50 y 60 millones "se arregla" la Justicia pero "no quieren" y confía en que la sociedad entienda sus reivindicaciones "para cuidar este servicio público", cuyos integrantes, jueces y fiscales, se sienten "maltratados y cansados".