La jueza que investiga el brote de listeriosis del verano ha admitido la personación del Ayuntamiento de Sevilla como acusación particular en el caso, por el que siguen en prisión el dueño de Magrudis y uno de sus hijos, aunque este último ha vuelto a solicitar su puesta en libertad.

Según han informado fuentes judiciales a Efe, el Juzgado de Instrucción número 10 ha dictado un auto en el que agrupa las acusaciones, que ahora son la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, las asociaciones que ya estaban personadas en el proceso (Facua, Justicia por la Sanidad y Defensor del Paciente) y los cerca de 240 afectados divididos a su vez en fallecidos, abortados y lesionados.

"En la presente causa se han personado dieciocho acusaciones particulares" y además es "previsible que se personen individualmente muchos más perjudicados", recuerda la jueza Pilar Ordóñez en el auto, facilitado este martes por la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El objetivo de la agrupación es "garantizar el debido respeto al derecho de defensa" y "evitar dilaciones indebidas y la formación de macrocausas inmanejables con decenas y decenas de acusaciones particulares con intereses sustancialmente idénticos", explica la magistrada.

En este caso, añade, concurre "la convergencia de intereses y posiciones procesales" necesaria para la agrupación en una o varias representaciones y defensas, ya que "existe una identidad de objeto para cada una de las acusaciones particulares personadas e identidad en los hechos denunciados (...) y en su calificación jurídica", a lo que se une "la identidad de objetivos".

La instructora también ha remitido un oficio al Instituto de Salud Carlos III, en cuyo laboratorio de Madrid se ha estudiado la cepa que provocó el brote, para que le facilite los datos de los aproximadamente cuarenta afectados que no residen en Andalucía, después de que la Junta no accediese a esa petición.

El juzgado intentó que fuese la Junta quien le proporcionase esa información, pero la respuesta del Gobierno autonómico fue que enviase un oficio a cada una de las comunidades donde ha habido víctimas.

Por esta causa están en prisión desde el 26 de septiembre el dueño de la empresa cárnica Magrudis, José Antonio Marín Ponce, y su hijo Sandro, quien ha vuelto a solicitar a la magistrada que lo ponga en libertad provisional.

La magistrada atribuye a ambos un delito contra la salud pública en concurso ideal con tres homicidios por imprudencia, dos delitos de lesiones al feto con resultado de aborto y varios delitos de lesiones por imprudencia grave.

El juzgado ha reanudado este martes la instrucción con la declaración como investigados de los administradores de Comercial Martínez León, quienes han indicado que su empresa distribuyó la marca blanca de carne mechada hasta que saltó la alarma sanitaria pero no la manipuló ni intervino en su fabricación.

El arquitecto que presentó la declaración responsable de inicio de la actividad de Magrudis, quien también ha comparecido como investigado, ha explicado que firmó ese documento municipal a pesar de que la fábrica ya llevaba tiempo en funcionamiento porque el formulario oficial no da otra opción, aunque también ha asegurado que el proyecto se ajustaba a la legalidad.

El asesor financiero de Magrudis, por su parte, ha respondido que la empresa pagó la sanción por un enganche ilegal de luz en sus instalaciones del polígono El Pino y que las facturas a partir de ese momento fueron las normales.