La jueza del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, que investiga la causa por el brote de listeriosis producido el pasado verano, ha rechazado de nuevo la petición de puesta en libertad provisional de Sandro José Marín Rodríguez, propietario y administrador único de 'Magrudis' e hijo del gerente y 'administrador de hecho' de la empresa, José Antonio Marín Ponce, que también permanece en la cárcel, por riesgo de fuga y posible destrucción de pruebas.
En el auto judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez se opone a la petición solicitada por su defensa el pasado 12 de diciembre, por tanto ambos, en la cárcel desde el 26 de septiembre, seguirán en prisión provisional, comunicada y sin fianza.
Su abogado pidió su libertad provisional alegando que no concurren los requisitos exigidos para mantener dicha medida cautelar, no obstante, el Ministerio Fiscal solicitó el mantenimiento del investigado en prisión, así como la representación procesal de dos de los perjudicados, representados por el bufete Ateneo Abogados, y la Asociación del Defensor del Paciente.
Por su parte, la juez expone en el auto los motivos de su rechazo y lo hace para "asegurar la presencia de los investigados en el proceso al existir riesgo de fuga, lo que se infiere de las graves penas aparejadas a los hechos que se le imputan, y evitar la destrucción, alteración y ocultación de pruebas".
En el presente caso, continúa, "la naturaleza y gravedad de los hechos así como la pena con la que están castigados aconsejan mantener la actual situación de prisión provisional para evitar el riesgo de que pueda eludir la acción de la justicia que se desprende de la variedad de los delitos presuntamente cometidos y del horizonte penitenciario que puede vislumbrar por su participación en su ejecución".
En concreto los delitos son contra la salud pública en concurso ideal con cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave, delitos de lesiones al feto con resultado de aborto y lesiones por imprudencia grave.
Igualmente, la juez considera que "el comportamiento que tuvieron los investigados tras descubrirse su vinculación con la infección investigada, ocultando productos elaborados en su empresa y que permanecían aún en el mercado y podían transmitir la bacteria --chorizos y morcilla--, así como de la comercialización de la carne mechada mediante una marca blanca, ponen de manifiesto un mayor reproche a su conducta y una actitud obstruccionista que hace más justificada la medida adoptada".
Además, la investigación en curso no ha concluido, "apreciándose todavía riesgo de destrucción de pruebas, puesto que aún quedan pendientes de realizar diversas diligencias de prueba como declaraciones testificales, periciales, y documentación pendiente de recabar y analizar entre otras", remarca la juez en su escrito.
