Guardias civiles pertenecientes a la Oficina de Análisis e Investigación Fiscal (ODAIFI) y del Grupo de Investigación de Marihuana (EDOA2) de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, en el marco de la Operación "GLES20", han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de marihuana que operaba en la zona de las marismas del bajo Guadalquivir. Los agentes han detenido a 13 personas, 12 españolas y una mujer de nacionalidad rumana, por supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, trafico internacional de estupefacientes, blanqueo de capitales y defraudación de fluido eléctrico.
En esta fase final de la operación se han realizado siete registros en las localidades sevillanas de Los Palacios y Villafranca, las pedanías de El Trobal y Los Chapatales, y en Pinzón, pedanía de la localidad de Utrera, donde se han localizado alrededor de 500 plantas de marihuana, 30 kilos de cogollos envasados al vacío dispuestos para el transporte; unos 130.000 euros en efectivo, una balanza de precisión, una maquina envasadora industrial, un dron, un ordenador portátil, cinco vehículos a motor de alta gama y 13 teléfonos móviles.
La investigación se inició en noviembre de 2020, cuando se detectó un envío de 22 kilos de marihuana con destino a Italia, por parte de una persona de la localidad de Dos Hermanas, a través de un operador logístico de mensajería.
RED DE CULTIVADORES
Durante la investigación, los agentes detectaron que se trataba de una organización criminal de carácter familiar jerarquizada, que contaba con una red de cultivadores que les proveía de marihuana(cannabis sativa), que transportaban hasta unas instalaciones con toda la maquinaria necesaria para despalillar las plantas y envasar al vacío la marihuana para su posterior venta y distribución por el resto de Europa.
Los miembros de la red se proveían a través de una empresa "Growshop" de todo el material necesario para la instalación de plantaciones interiores de marihuana, instalando conexiones ilegales al fluido eléctrico general para que les fuera más rentable. Una vez concluido el periodo de crecimiento, compraban la marihuana al precio convenido; además de contar con cultivos interiores propios, que dejaban a cargo de terceras personas en funciones de guarda y custodia. Una vez tenían la producción procesada, exportaban la marihuana a otros países de Europa o la vendían a diferentes compradores en territorio nacional.
La primera fase de la operación comenzó el pasado mes de febrero, con la colaboración del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Dos Hermanas. En estas actuaciones iniciales fue localizada una plantación en Los Palacios y Villafranca con 300 plantas de marihuana en su interior y en la que se estaban desarrollándose labores de pelado (separación de las hojas y los cogollos) por dos mujeres de la zona.
DESPLIEGUE DE CIEN AGENTES
En la segunda fase, realizada este pasado mes de abril, agentes de la Oficina de Análisis e Investigación Fiscal del Puerto Aeropuerto de Sevilla (ODAIFI) junto al Grupo de Investigación de Marihuana de la Comandancia de Sevilla (EDOA2), con la colaboración del OCON SUR, GAR y USECIC de la Comandancia de Sevilla procedieron de manera simultánea a un despliegue de unos 100 agentes, para la entrada y registro, autorizada por el Juzgado de Instrucción número cinco de Dos Hermanas, de siete domicilios en las localidades de Pinzón, El Trobal y Chapatales.
Como resultado de los mismos se hallaron cinco plantaciones interiores, en las que fueron intervenidas un total de 500 plantas de marihuana, cuyo destino eran países del resto de Europa, un centro de preparación, secado y envasado industrial junto con un centro de producción de marihuana habilitado con abundante material en el que se encontraron semillas germinadas; 30 kilos de marihuana envasada al vacío lista para su envío, una instalación preparada para el cultivo, unos 130.000 euros en metálico, cinco vehículos a motor de alta gama, material informático, un dron y diversos teléfonos móviles; procediéndose a la detención de 13 personas.
Por parte del personal de la empresa distribuidora de electricidad de la zona se ha podido determinar que existían cinco acometidas ilegales a la red eléctrica. Mediante un estudio preliminar se ha podido calcular que pudiera tratarse de una defraudación muy superior a los 30.000 euros.
