La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal que se dedicaba a extorsionar y amenazar a personas que previamente habían solicitado los servicios de prostitutas a través de internet y ha detenido a 22 personas e investigado a otras 18.

La operación Calaveda ha permitido destapar al menos 65 delitos de extorsión por el método del “timo del Sicario”, aquel por el que se amenaza a víctimas con enviarles un sicario a su domicilio si no realizan un pago económico.

El origen de esta investigación radica en una denuncia interpuesta en la localidad vallisoletana de Tudela de Duero a finales de 2021 cuando una persona contó a los agentes que había solicitado a través de internet los servicios sexuales de una prostituta. Pocos días después comenzó a recibir amenazas telefónicas y a través de mensajería móvil exigiéndole dinero a cambio de no enviarle un sicario a su domicilio.

Estas personas, a través de distintas páginas web, iniciaban contactos con mujeres con el fin de obtener un servicio sexual. Después comenzaban a recibir amenazas telefónicas y por aplicación de mensajería exigiéndoles grandes cantidades de dinero, tanto en efectivo como por transferencia bancaria, si no querían que les enviasen a un sicario.

Para dotar de credibilidad a sus pretensiones, los autores investigaban a fondo la vida privada de las víctimas, mientras que los ahora detenidos e investigados se ponían fotos de perfil con un semblante amenazante con personas encapuchadas y portando armas.

También remitían a las víctimas fotografías con contenido escabroso, cuerpos mutilados, decapitaciones y amputaciones, así como vídeos de personas encapuchadas empuñando armas de fuego.

Las llamadas amenazantes provenían de números de teléfono con origen tanto de España como de República Dominicana, con personas con acento latinoamericano en tonos amenazantes.

Para que este grupo criminal se hiciese con el efectivo de los perjudicados, facilitaban a las víctimas cuentas bancarias de mulas económicas.

Una vez que las mulas recibían el dinero de las víctimas, realizaban retiradas de dinero en efectivo en cajeros para entregárselo en mano a alguno de los líderes de la organización, recibiendo una compensación económica a cambio.

El grupo criminal se dividía en tres estructuras localizadas en Madrid, Santander y Barcelona.

Hasta el momento, los investigadores han ubicado 65 víctimas en numerosos municipios distribuidos por todo el territorio nacional.

Durante la operación, la Guardia Civil descubrió que los autores habían intentado obtener más de 110.000 euros, llegando a conseguir alrededor de 30.000 euros.