El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado este jueves que la reforma de la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo contemplará "las situaciones difíciles a las que se enfrenta la mujer en los casos de malformaciones".
El titular de la cartera de Justicia ha insistido en que los supuestos en los que esté prevista la interrupción voluntaria del embarazo están en "estudio" al estar la reforma en fase de elaboración, pero ha expresado también la necesidad de adecuar la actúal legislación a los convenios internacionales como la Convención de Naciones Unidas de protección de los derechos de personas con discapacidad.
"En el ministerio estamos esperando a ver cuál debe ser la redacción adecuada de nuestra legislación para que no se vulneren esos acuerdos internacionales, pero será una ley que resolverá la situaciones difíciles a la que se enfrenta la mujer en caso de una malformación", ha indicado Gallardón en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.
De este modo, el ministro ha concretado lo que ya apuntó el martes en el Senado, cuando dejó caer que este tipo de situaciones quedarían recogidas en la norma como se ha hecho hasta. Fue al responder a la portavoz de la Entesa Mónica Almiñana, quien denunció el "gran sufrimiento tanto para el nacido como para los padres" que genera este tipo de enfermedades y afirmó que Gallardón no podía "obligar a convivir a miles de personas con la enfermedad y el sufrimiento o con la muerte prematura de los hijos".
"No magnifique, no haga caricatura y no lleve un tema tan sensible como este a supuestos que, naturalmente, nada tienen que ver con aquellos a los que se refiere la Convención de Naciones Unidas (sobre derechos de las personas con discapacidad) y que naturalmente, la legislación contemplará como ha contemplado siempre", dijo entonces a la senadora.
Por otra parte, el ministro ha rechazado las acusaciones del PSOE que califican de "regresiva" la reforma de la ley vigente desde 2010. Para Gallardón "la regresión es abandonar la doctrina del Tribunal Constitucional, volver a sus criterios es progresar (...) porque éste ponderó de forma ecuánime cuál debe ser la respuesta del legislador ante un conflicto del derecho de la mujer con el derecho del no nacido".
Ruiz-Galladón se ha mostrado convencido de que "una libertad absoluta" de abortar hasta la 14 semana de gestación "es contraria" a la doctrina del Constitucional.
Ante la pregunta de si reformaría la ley aprobada por el Gobierno de Felipe González en caso de no haberse producido la modificación de 2010, Gallardón ha recordado que el PP "gobernó ocho años en España y la ley de 1985 no se modificó". Ha admitido que la legislación de entonces era una "ley que no satisfacía a nadie pero significaba un espacio de encuentro en un tema muy sensible y doloroso como es este".
Ha reiterado además que el objetivo del Gobierno con la reforma es que "por primera vez en España ninguna mujer vaya a tener un reproche penal por practicar el aborto".
En cuanto a la contestación social que ha generado el anuncio de la reforma, Gallardón ha recordado que el PP anunció en 2010 su voluntad de cambiar la ley y presentó un recurso de inconstitucionalidad. "En la campaña electoral éste fue un tema utilizado por el PSOE y los ciudadanos españoles dijeron que el PP tenía que gobernar", ha añadido.
El Ministro de Justicia ha respondido también a las críticas por la falta de ayuda de las familias con niños discapacitados. En este sentido, ha admitido que "el gobierno debe esforzarse" por garantizar estas ayudas y ha asegurado que "si hay una partida que en época de crisis no vamos a disminuir son las que afectan a la discapacidad".
Ha puntualizado, no obstante, que los derechos de las personas con discapacidad deben defenderse "no solo desde el momento de su nacimiento sino desde el momento de su concepción".
