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sociedad

Estudian sobre el terreno veintena de enclaves en España, de Treviño a Ademuz

La compilación de los estudios sobre esta veintena de enclaves territoriales ha dado como resultado una bibliografía abundante y estudios detallados

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Juristas de las universidades de Burgos, Valladolid y Salamanca estudiarán sobre el terreno la situación de la veintena de enclaves territoriales que hay en España, como Treviño o Ademuz, para proponer soluciones comunes y sostenibles, ha informado hoy a Efe el coordinador del estudio, Santiago Bello.

Además de Treviño, pendiente en este momento de que las Cortes Generales estudie una proposición de ley del Parlamento vasco para pedir la anexión de este territorio de Castilla y León, existe otra veintena de enclaves en España, entre los que destacan por su peculiaridad Ademuz, municipio de Valencia situado entre Cuenca y Teruel; El Valle de Villaverde, de Cantabria y en el País Vasco; o Llivia, que pertenece a Cataluña pero se encuentra físicamente en Francia.

La compilación de los estudios sobre esta veintena de enclaves territoriales ha dado como resultado una bibliografía abundante y estudios detallados, tanto desde el punto de vista histórico como jurídico, ha explicado Bello, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Burgos.

Falta sin embargo un estudio sociológico en los propios enclaves que permita conocer mejor su realidad desde la perspectiva de sus habitantes y de las autoridades de sus respectivas provincias y comunidades autónomas.

Los expertos universitarios acometerán ellos mismos esa labor de "conocimiento directo", para lo cual visitarán la mayor parte de los enclaves y contactarán con el resto para ofrecer formularios que permitan conocer mejor la realidad cotidiana de sus autoridades y de los vecinos.

Bello ha considerado "muy importante" la posibilidad de contar con ese conocimiento antes de proponer soluciones, porque "son las personas que viven en los enclaves las que deben ser la prioridad en cualquier situación que se proponga".

Esa solución o soluciones que proponga el grupo de expertos debe ser sostenible desde el punto de vista jurídico, pero también cultural y económico, ha añadido.

El estudio está subvencionado por el Instituto Nacional de Administraciones Públicas de la Administración General del Estado porque, según ha explicado Bello, el Gobierno pretende contar con alternativas aplicables para los enclaves por si tiene que actuar sobre ellos.

De ahí, que lo que los expertos pretenden es que las propuestas que elaboren sean aplicables, para lo cual, además de contar con el núcleo del grupo de profesores de las universidades de Burgos, Valladolid y Salamanca, dispondrán del apoyo de los especialistas necesarios como sociólogos, economistas e historiadores.

Aunque asegura que no descartan "a priori" ninguna fórmula para solucionar la situación de los enclaves, Bello ha recordado que "parece que lo primordial" es que los habitantes de cada uno de ellos reciban los servicios que necesiten desde la administración más próxima y eso encaja en las fórmulas de colaboración interterritorial que contemplan la Constitución y la mayoría de los estatutos de autonomía.

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