El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que no va a retirar la regulación del rechazo en frontera en el perímetro de Ceuta y Melilla porque es "obligación" de España defender su frontera, en respuesta en la sesión de control al Gobierno en el Congreso al diputado de Izquierda Unida Ricardo Sixto.

   Sixto quería saber si el Gobierno ha previsto retirar la legalización de las "devoluciones en caliente" ante las "durísimas críticas", tanto internacionales como nacionales recordando, entre otras, las preocupaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la Comisión Europea, ACNUR, o la Abogacía Española, por ejemplo, que han presentado escritos a altas instituciones del Estado para intentar frenar la medida, contraria a su juicio al derecho de asilo y al derecho internacional de los Derechos Humanos.

   Entre estas reacciones, se encuentra también la de la Iglesia, que ha exigido la "retirada inmediata" de esta regulación en un comunicado avalado por la Conferencia Episcopal, Cáritas, Justicia y Paz y la CONFER, que expresaba su "enérgico rechazo" ante esta iniciativa porque, a su juicio, "pretende legitimar las expulsiones sumarias" en la frontera sur y "criminaliza la pobreza y la movilización social".

   Se trata de disposición adicional introducida en el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que tras su aprobación en Comisión de Interior el pasado 25 de noviembre, será sometido al visto bueno del Congreso previsiblemente este jueves para su remisión al Senado.

   "Mi respuesta es que no la vamos a retirar y le digo más, ya que me cita tantas personas y tantas autoridades, el tratado de funcionamiento de la UE incluye a las políticas de control de fronteras, asilo e inmigración, y establece que se entenderán esas políticas sin perjuicio del ejercicio de las responsabilidades que incumben a los estados miembros, en cuanto al mantenimiento del orden público y la salvaguardia de la seguridad interior", ha insistido el ministro.

   Según ha recalcado, se trata de una competencia de los estados miembros, en este caso de España, y la desarrolla tanto la directiva de procedimientos de asilo de 2005, como la de refundición de 2013, que recuerdan expresamente esta obligación de los estados miembros.

   "Le digo que España está defendiendo, porque es su obligación y derecho, su frontera exterior, la frontera de límite al territorio, que va ligado a la idea de soberanía. Espero que no me diga que España tienen que renunciar a la españolidad de Ceuta y Melilla", ha señalado.

"LAS FRONTERAS NO SON CHICLE"

   Ante esta afirmación, Sixto ha alertado de que las fronteras "no son fronteras chicles a su libre albedrío sino las fijadas por los tratados internacionales firmados por España".

   Además, ha insistido en que la política del ministerio incumple los tratados internacionales firmados por España como la carta de derechos fundamentales de la UE  o la carta europea de derechos humanos. "La sociedad civil no puede estar equivocada. Quien lo está es usted y su política", ha sentenciado el diputado de izquierdas.

   Fernández Díez ha respondido que hasta el 16 de noviembre sólo en Melilla entraron 4.669 inmigrantes irregulares. "¿Sabe cuántos han pedido asilo o protección internacional? 75. Con esto le quiero decir que no se equivoque porque una cosa son las opiniones y otras los hechos", ha apostillado.

   Así, ha subrayado que los que pretenden entrar de manera violenta y grupal a través del perímetro fronterizo en su inmensa mayoría son "inmigrantes por razones económicas o sociales, que no pretenden solicitar asilo o protección internacional", porque eso lo pueden hacer en lo pasos fronterizos habilitados al efecto. En este punto, ha vuelto a recordar que antes de marzo se pondrán en marcha en los pasos fronterizos oficinas para ello.

"EL MINISTRO REPRESOR"

   Dado que la Ley de Seguridad Ciudadana se aprueba este jueves en el Congreso de los Diputados, la socialista Guadalupe Martín ha aprovechado otra pregunta de la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja para preguntar al al ministro su opinión sobre por qué se le llama a la futura norma la "Ley mordaza".

   Acto seguido, ha advertido a Fernández Díaz de que con esta ley se convierte en el ministro "más represor de toda la Historia de la democracia", una afirmación que no sólo parte desde el PSOE en el Congreso, según ha indicado, "sino de todos los ciudadanos", porque esta ley, a su juicio, supone una "nueva guinda al pastel" tras tres años de "recortes" de derechos al "imponer represión" o prohibir, por ejemplo, el derecho de reunión o de manifestación.

   El ministro, por su parte, ha pedido "más seriedad" y rigor al PSOE, al tiempo que ha indicado que, según esta "lógica socialista", también se calificaría la ley impulsada por el PSOE contra la intolerancia y la violencia en el deporte "como una ley que pretende amordazar o reprimir los derechos de los seguidores deportivos"; una norma que dice apoyar y que además establece sanciones superiores a la Ley de Seguridad Ciudadana.

   Finalmente, el ministro se ha apoyado en los informes del Consejo de Estado o del CGPJ para respaldar su normativa, señalando que la norma guarda la "prudente ponderación y contrapeso entre los valores de libertad y seguridad", según el Consejo de Estado, o que "se adecua a la doctrina constitucional al definir seguridad ciudadana como condición para el ejercicio pleno de derechos y libertades", según el CGPJ.