El portavoz de Industria del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts Valencianes, Felipe Carrasco, ha lamentado que las "batallitas" en el Gobierno del Botànic "vuelven a paralizar las renovables" en la Comunitat Valenciana" y ha denunciado que el Consell "tiene paralizadas instalaciones por valor de cerca de 9.000 millones de euros, lo que supone una merma de ingresos de unos 145 euros por cada valenciano y dejar de generar 5.000 empleos de calidad con las energías verdes".
Así, en un comunicado, ha criticado que la "inoperancia" del Consell tiene "en el aire" el decreto de las renovables para la instalación de nuevas plantas en la Comunitat Valenciana "por las rencillas y 'vendettas' entre el tripartito, donde Ximo Puig cambia caras pero no cambia políticas".
Carrasco ha lamentado que "la extraña pareja de Oltra y Mollà se dedican a jugar con la economía, yendo en contra de los intereses de los valencianos y planteando batallitas irresponsables en un momento de crisis". "Somos la comunidad autónoma que menos renovables hemos instalado en los siete años que lleva el gobierno del tripartito, ahogados por la burocracia. Mientras en Murcia los trámites tardan dos días, aquí dos años", ha criticado.
El diputado ha subrayado que el Consell "aprobó dos años una ley para agilizar el desarrollo de las energías verdes". "Pero la realidad es que con esta ley no se ha aprobado ni un solo proyecto. Y ahora vuelven a la carga con un nuevo decreto, en contra del sector, en contra de la economía y en contra de la inversión verde en la Comunitat Valenciana, con peleas internas con Compromís y Podemos. Legislan retroactivamente, creando inseguridad jurídica y provocando fugas de inversiones a otras CCAA", ha apostillado.
El portavoz 'popular' ha censurado que el 'president' Ximo Puig, con este decreto, "arrebata a uno de cada cinco pueblos de la Comunitat el derecho a instalar energías verdes y además activa con los ayuntamientos una cláusula de bloqueo por un año. También prohíbe la fotovoltaica en la Vega Baja, condenando a los agricultores".
"Lo mismo ocurre con la zona de la Plana, incompatible con este decreto Ley. Mientras allí cierra Acciona, crece el desempleo o las azulejeras padecen pérdidas por el coste del gas, se les niega la posibilidad de recurrir a su mejor alternativa, el H2 verde producido con renovables. Todo es un sinsentido", ha zanjado.
