Un juzgado de Valencia ha condenado a 6 años de prisión a los responsables de una tienda de animales de esta ciudad que traficaban con cachorros procedentes de Eslovaquia sin respetar la normativa sanitaria y en condiciones de insalubridad extremas, que derivaron en la muerte de varios ejemplares.
El titular del Juzgado de lo Penal número 9 ha considerado a estos tres hombres responsables de delitos de maltrato animal, estafa, falsedad y pertenencia a grupo criminal, por lo que les impone la inhabilitación para labores profesionales con animales durante 3 años y 3 meses, multas individuales de 4.500 euros e indemnizaciones conjuntas superiores a los 8.000.
Según las fuentes judiciales consultadas por EFE, se trata de una de las mayores sentencias impuestas en España por delitos relacionados con el maltrato animal.
En esta causa han ejercido la acusación particular varios de los perjudicados que adquirieron cachorros y también la protectora de animales valenciana Modepran.
Como hechos probados, se relatan hasta diez episodios de cachorros (Golden, Pomerania, Labrador, Bulldog o Terranova, entre otras razas) entregados ya enfermos a sus compradores, que se hicieron cargo de importantes gastos de veterinario sin poder hacer nada para salvarles la vida. Tras reclamar por lo sucedido, algunos de estos compradores recibieron un segundo ejemplar, que también falleció debido a las enfermedades contraídas.
Este comercio ilícito de animales tuvo lugar entre noviembre de 2014 y junio de 2016, cuando los procesados recibieron, procedentes de Eslovaquia, varias camadas o cargamentos de perritos de diversas razas que habían viajado desde aquel país por carretera, hasta Valencia, en condiciones tales "que muchos de ellos desarrollaban enfermedades que venían incubando desde allí, sin guardar cuarentena al llegar a la tienda, y que eran ofrecidos y puestos a la venta ocultando su procedencia y edad real".
"Los acusados -sostiene la sentencia- eran sabedores, por venir dedicándose a esta actividad desde mucho tiempo antes, de que los clientes querían perros nacionales y de pequeño tamaño. Así, para conseguir realizar de manera rápida muchas ventas los ofrecían con una cartilla de vacunación en la que se consignaba una edad que no era real, ya que sabían que los animales debían tener al menos 3 meses para poder lograr su tránsito internacional".
Los clientes estafados abonaron en todos los casos más de 400 euros por unos animales que, en la mayoría de casos, empezaban a mostrar síntomas de enfermedad en pocas horas.
Los vendedores indicaron a los compradores que tenían acuerdos con varias clínicas veterinarias por gastos médicos en los primeros días tras la compra, "lo cual no era cierto, por lo que los clientes tuvieron que pagar el precio correspondiente, que luego no les fue reembolsado por los acusados".
"Los perritos, que no llegaban a la tienda debidamente vacunados y desparasitados, eran almacenados en ella hacinados en vitrinas o boxes de dimensiones insuficientes para el número de cachorros que albergaban y para el tamaño de los mismos, y tenían lechos de serrín o papeles que no eran aptos para absorber los frecuentes vómitos, orines y heces de los mismos porque, en un gran número, desarrollaban allí mismo, y antes de ser vendidos, síntomas de las enfermedades que padecían desde su llegada, como coronavirus, parvo virus, moquillo o tos de las perreras".
Tampoco el inmueble que albergaba la tienda tenía las dimensiones ni estancias necesarios para separar y aislar a aquellos animales que enfermaban, evitando así el contagio a los demás, recoge la sentencia.
En el periodo indicado, se recibieron y guardaron en esas condiciones cientos de perros, muchos de los cuales fueron vendidos estando ya sometidos a medicación, incluso con vías y goteros, "aunque la tienda no tenía consideración ni calificación de clínica ni de hospital veterinario para poder hacerlo, lo cual -añade la sentencia- les causó graves enfermedades que en algunos casos desembocaron en su muerte".
