El presidente del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, organismo que depende de la Conselleria de Economía y Hacienda capitaneada hasta la fecha por Arcadi España, ignoró hace algunos años algunas recomendaciones de expertos empresariales para reflotar la compañía Marie Claire, buque insigniade la fabricación textil española y que ahora se encuentra en verdaderas dificultades financieras y económicas y al borde del cierre.
En 2021, en una operación “auspiciada y avalada” por la Conselleria de Economía y Hacienda y el IVF, el grupo empresarial B2TEX compró Marie Claire a través de ThinkTextil (cuyo principal cliente era el grupo Inditex), lo que pensaban que abría nuevos horizontes para la empresa castellonense.
Hasta ese momento, la empresa fue dirigida por Alberto Planell, Silvestre González y Vicente Tejedo. Este equipo directivo permaneció al frente de la compañía al menos 38 años en los que, según fuentes consultadas, hicieron frente a numerosos procesos de crisis. La llegada del COVID-19 fue definitiva y estos directivos abandonaron la compañía.
Según las mismas fuentes, el IVF puso como condición para una mayor aportación de capital a la empresa la ejecución de un plan de viabilidad. Y ese plan, según empleados próximos a Planell, se orientaba a solicitar una mayor carga de trabajo por parte de la Generalitat Valenciana en productos como mascarillas durante los peores momentos del COVID. Estos directivos preferían esa carga de trabajo para la empresa antes que subvenciones públicas.
En cualquier caso, el IVF ya había tomado la decisión de no seguir manteniendo a los propietarios de entonces y al modelo de gestión. Con el cambio de dirección empezaron a llegar las subvenciones: la primera, en el mismo 2021 de 9.5 millones de euros y otra más en 2022 de 12 millones de euros.
Además, para la concesión de estas ayudas, el IVF aconsejó según las mismas fuentes la figura de un experto independiente que controlase financieramente la empresa cada seis meses.
A la vista del resultado de este proceso, la empresa ubicada en Villafranca del Cid, Castellón, obtuvo una inyección de capital que no ha logrado su objetivo en parte por la falta de aplicación de esos nuevos planes estratégicos al que tuvieron acceso tanto la Conselleria de Economía como el propio brazo financiero de la Generalitat Valenciana, el IVF.
De esta manera, el propio Manuel Illueca, presidente de este organismo económico, añadió en el acuerdo de financiación aprobado por la Generalitat una condición que obligaba a la empresa a incorporar un controler financiero y económico para poder supervisar y aprobar el destino de las sucesivas inyecciones de capital recibidas por la empresa.
El IVF, al incorporar por escrito esta figura de férreo control económico de la fábrica castellonense, podría incluso haber incurrido en una irregularidad jurídica, según aseguran algunas fuentes expertas jurídicas.
La empresa cuenta con una plantilla de 214 personas, aunque de ellas unos 130 empleados están incluidos en un ERTE hasta el próximo mes de julio.
