La Asociación de Servicios de Hostelería de El Palmar, Ashopa, da un paso más en su rechazo frontal a la decisión del Ayuntamiento de instalar cuatro chiringuitos en la playa El Palmar, en la zona enmarcada entre la Torre y el Pájaro Verde. El colectivo recurrió el plan de playas por este punto en concreto y solicitó la paralización cautelar de la licitación de estos negocios. No obstante, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo denegó esta petición, por lo que ahora el colectivo que reúne a restauradores y comerciantes de la playa vejeriega recurren ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
En el escrito de apelación aseguran que “su puesta en marcha supondría perjuicios irreparables para todo el tejido hostelero y comercial de la playa El Palmar, que desde hace décadas viene sufriendo los notorios déficits de infraestructuras de toda la zona a nivel de suministro eléctrico, suministro de agua potable, red de saneamiento y accesos rodado”. En este sentido redundan en que “no es que haya un colapso de las infraestructuras, es que directamente no hay infraestructuras. No existe suministro de agua potable en todo el frente litoral, apenas tres establecimientos cuentan con ella, el suministro de energía eléctrica sufre constantes cortes durante el periodo estival como consecuencia de los enganches ilegales, no existe una red de saneamiento pública y el acceso rodado se limita a cuatro carriles asfaltados de un total de nueve”.
“Tampoco se hace en la resolución impugnada ningún análisis ni previsión sobre cómo se pretende dotar de energía eléctrica a los nuevos establecimientos, ni el implemento de medida seguridad ninguna en la zona pese al incremento de público que conllevará la instalación de los cuatro nuevos kioskos-chiringuitos. Tampoco parece haberse valorado la idoneidad de incrementar las dotaciones de policía, protección civil, salvamento o asistencia médica ni tráfico”, añaden.
A estas razones principales, el representante legal de Ashopa, Borja Grandal, suma en su escrito supuestas carencias en el proceso de aprobación del plan de playas. En concreto, destaca “la vulneración del trámite de información pública” y la falta de respuesta a las alegaciones presentadas por este colectivo.
