Aunque formalmente la ampliación del periodo de cálculo de la pensión a 25 años no figura como tal en el documento de propuestas para la reforma de la Seguridad que presentó el pasado viernes, el Ejecutivo sí reconocía que el actual sistema de 15 años perjudicaba a los despedidos al final de su vida laboral, por lo que debían buscarse soluciones a este tema.
En el programa de estabilidad 2009-2013 que ha remitido a Bruselas, el Gobierno español calcula que cada año de retraso en la edad legal de jubilación reduciría el gasto en pensiones en un punto del PIB.
Pero, además, explica en su informe, si se ampliara el número mínimo de años cotizados para obtener una pensión, se produciría un ahorro adicional de dos décimas del PIB. Si a esta ecuación se le sumara un incremento en el periodo de cálculo de las pensiones, medida a la que el Ejecutivo parece, a priori, favorable, el gasto en pensiones se reduciría aún más.
Por tanto, dice el Ejecutivo, si a lo largo de la década de 2020 se elevaran en dos años tanto la edad legal de jubilación, que pasaría así a situarse en 67 años, como el mínimo de años cotizados, y a ello se le añadiera un aumento en diez años del periodo para calcular la pensión, "el recorte total del gasto en pensiones podría alcanzar casi 4 puntos del PIB".
