Así lo han informado fuentes jurídicas, que han precisado que el archivo se ha producido después de estudiar el informe que el presidente de este tribunal, Ángel Juanes, solicitó a la Guardia Civil, encargada de la custodia y el traslado de los nueve detenidos el pasado 30 de octubre.
La decisión de esclarecer los hechos se tomó después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y la consellería de Justicia se quejaran sobre la manera en que los implicados en este caso contra la corrupción urbanística en Santa Coloma de Gramenet y otras localidades barcelonesas entraran a pie por la puerta del garaje del tribunal ante la presencia de los medios gráficos.
Las fuentes consultadas han destacado que desde que tuvieron lugar estos hechos, la Audiencia Nacional "ha perfeccionado" el protocolo de las conducciones de los detenidos para evitar que se reproduzcan situaciones como las ocurridas.
Entre los detenidos figuraban los ex altos cargos de la Generalitat en la etapa de CiU Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, a los que el juez Baltasar Garzón dejó en libertad bajo fianza de un millón de euros en diciembre, aunque la Audiencia Nacional rebajó esa cantidad a 200.000 euros el pasado mes de febrero.
También fueron arrestados el ex alcalde socialista de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, el ex concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, que desde el pasado mes de diciembre están en libertad bajo fianzas de 500.000 y 200.000 euros.
El único de los nueve detenidos que permanece en la cárcel es el ex diputado del PSC Luis García, después de que la Audiencia Nacional rechazara el recurso interpuesto por el presunto "cerebro" de la trama contra su prisión.
Los otros cuatro detenidos a los que se les vio entrar esposados y con sus pertenencias en bolsas de plástico fueron el ex gerente de los servicios municipales de esa localidad, Pasqual Vela y los empresarios Lluis Casamitjana, Josep Singla y Manuel Carrillo, que, tras comparecer ante Garzón, quedaron en libertad bajo fianza.
En la segunda fase de la operación, iniciada el pasado 3 de diciembre, Garzón imputó a otras once personas, entre ellas la madre de Muñoz, Josefina Calvet, que no compareció porque padece alzheimer, y las esposas de Alavedra Y Prenafeta, Doris Malfeito y Lluïsa Mas, respectivamente.
Entre el resto de los imputados, todos ellos en libertad, están el ex gerente del Instituto Catalán del Suelo Emili Mas Margarit, el ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneres Víctor Ros (PP), el ex edil socialista de esta localidad Antoni Jiménez, y el ex concejal de CiU en Mataró y ex coordinador del Plan Metropolitano de Barcelona Genís Carbó.
También figuran el administrador de Niesma Corporació, Manuel Valera, el arquitecto municipal de Santa Coloma, Lluis Falcón, y el consejero delegado de Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz i Sabido.
Por último, Philip McMahan Bolich, que tiene su residencia en Andorra y por ello Garzón ha cursado una comisión rogatoria para interrogarle.
Esta presunta trama de corrupción defraudó un total de 44.754.000 euros a los Ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y San Andrés de Llavaneras en los que actuó con las operaciones "Pallaresa", "Badalona" y "Niesma", respectivamente.
