Los sindicatos mayoritarios SIP-AN y UPLBA, representantes del 99 por ciento de la plantilla de policías locales de Conil de la Frontera, han emitido, nada más comenzar el presente año, una denuncia pública sobre lo que consideran “la alarmante situación” a la que se enfrentan debido “al abandono y falta de interés por parte del actual equipo de Gobierno formado por AxSí, PP y Siempre Conil. Entre las carencias más destacadas se encuentran, según detallan en un comunicado, las transmisiones, que no funcionan; los vehículos policiales, que carecen de emisoras y se encuentran en estado deplorable; la falta de uniformidad entre los agentes; las pistolas, las cuales están sin fundas adecuadas; la ausencia de prácticas de tiro; el estado lamentable de la Jefatura de Policía; la insuficiencia de programas informáticos; así como la falta de efectivos.
"Es importante encontrar una solución a futuro para que esté quien esté en el Gobierno no se encuentre con esta situación por malas gestiones previas"Según señalan dichos sindicatos, la situación descrita “se ha puesto en conocimiento del equipo de Gobierno en multitud de ocasiones, tanto de forma verbal como por escrito, sin que la Corporación Municipal ponga fin” a dicha precariedad. Pero “la gota que ha colmado el vaso es que el actual equipo de Gobierno ha dejado de abonar unas retribuciones a las que se comprometieron antes del inicio de este verano, argumentando que la Junta de Andalucía ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo que regula dichas retribuciones”. Estos débitos hacia “la plantilla de la Policía Local, junto con los que la anterior Corporación (de Izquierda Unida) ya mantenía desde enero de 2022, superan los 100.000 euros”. Al respecto, aseguran que son “conocedoras que el débito de retribuciones no es solo hacia la Policía Local, sino que se hace extensivo a muchos trabajadores del Ayuntamiento, debido a una gestión nefasta”.
Ante esta situación “precaria, prácticamente la totalidad de esta plantilla celebró una Asamblea General para estudiar la situación y valorar las medidas a adoptar a fin de que se solucione esta problemática, acordando, muy a su pesar, no llevar a cabo servicios extraordinarios (jornadas que realizan en su tiempo libre)”.
A pesar de ese acuerdo, y “como muestra de buena voluntad y para garantizar la seguridad en estas fiestas navideñas (incluida la Cabalgata de los Reyes Magos)”, los agentes finalmente “prestaron servicio en jornadas extraordinarias”, aunque la situación no ha variado mucho ya que, según explican, “al objeto de acercar posturas y solucionar esta situación se celebró una reunión con la alcaldesa, Inmaculada Sánchez y el concejal responsable del Área de Personal, Sergio Cáceres, comprobándose una vez más que no tienen una actitud diligente para solucionar estos graves problemas”.
El comunicado concluye señalando que “aprovechamos la presente para tender, nuevamente, la mano al equipo de Gobierno con el objetivo de solucionar esta lamentable situación”.
La situación sigue estancada
Días más tarde de la emisión de este comunicado, concretamente este pasado miércoles, los sindicatos de policía SIP-AN y UPLBA, lanzaron un segundo comunicado con la intención de aclarar algunas cuestiones y aspectos. Para los sindicatos, “la unidad de Urbanismo de la Policía Local de Conil trabaja siempre bajo los principios básicos de actuación y con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, cumpliendo sus funciones con absoluta imparcialidad como establece el art. 5 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de seguridad”.
En este sentido,”por parte de estos funcionarios se ha actuado de una forma absolutamente legal e imparcial denunciando los Delitos contra la Ordenación del Territorio y Delitos de desobediencia grave a la autoridad o sus agentes, cumpliendo la obligación de denunciar estos delitos que establece al art. 262 de La Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que de lo contrario dichos funcionarios incurrirían en la comisión de un Delito de omisión del deber de perseguir delitos”.
En este sentido, explican que “tanto la Jefatura de Policía Local como la Oficina Técnica de Urbanismo tenían conocimiento de la forma de actuar de esta unidad de Urbanismo, por lo tanto, estos policías han actuado de forma más que adecuada y correcta, en contraposición a las declaraciones de los miembros del equipo de Gobierno”.
Por ello van a esperar “a las acciones políticas de las que hablaba la edil de este Ayuntamiento, de hecho, los sindicatos que suscriben van a solicitar información a la Oficina Técnica de Urbanismo, de todos y cada uno de los expedientes que por parte de los Policías Locales adscritos a esta área han iniciado, a fin de conocer la situación de dichos expedientes y llevar a cabo, si procede, las acciones legales correspondientes”.
Además, los sindicatos temen que “este tipo de declaraciones no sean más que una argucia política para desacreditar a esta Policía y distraer la atención de lo realmente importante que es la falta de pago de retribuciones hacia estos trabajadores”.
Por otro lado y para concluir, en relación a la celebración de la Romería de San Sebastián, por parte de estos sindicatos anuncian que “se vigilará y denunciará cualquier usurpación de funciones que correspondan a la Policía Local, que se lleve a cabo por parte de miembros de Protección Civil, vigilantes de Seguridad Privada o cualquier otra persona”.
Respuesta de la alcaldesa
La alcaldesa de Conil, Inmaculada Sánchez, explica que “existe un convenio aprobado justo durante la campaña electoral y que supone una serie de mejoras y que supone un incremento salarial”. Según la alcaldesa, este convenio, aprobado en un pleno extraordinario el 24 de mayo durante la campaña electoral, tiene un carácter retroactivo a enero de 2022. “Se había firmado sin encaje económico y con informes contrarios”, añadió Sánchez, señalando la falta de previsión y análisis previo.
La situación se complica, ya que, según la alcaldesa, “ese incremento no se había cuantificado en las cuentas del Ayuntamiento”. Además, el interventor no se incorporó hasta finales del pasado año, lo que llevó a que el personal municipal tuviera que desempeñar funciones de Intervención sin profundizar adecuadamente en esa área.
Inmaculada Sánchez destacó que el Área de Personal cuenta con informes desfavorables y la falta de respuestas oportunas. Esto llevó a que la Junta de Andalucía impugnara el acuerdo, llevándolo a manos del Juzgado. “Nos encontramos con unos problemas en los que debemos subsanar unos cuantos artículos”, expresó.
A pesar de las dificultades, la Policía Local insiste en la necesidad de subsanar los artículos y seguir adelante. Sin embargo, hay “artículos en los que se indica que no se pueden abonar las cuantías de esos acuerdos”.
Sánchez aseguró que “estamos trabajando para subsanar este tema lo antes posible y a partir de ahí ver un poco la fórmula que podemos adoptar para que desde Intervención se libere el crédito para poder pagar este tema” y reconoció “no es una cuestión sencilla porque el Capítulo 1 de los Presupuestos, relativos al Personal Municipal, tiene la misión prioritaria de garantizar las nóminas y así los servicios del propio Ayuntamiento, y ahora debemos buscarle encaje a dicho crédito”.
En relación con los plazos de pago, Sánchez explicó que “nuestra voluntad es de pago y de abonar lo que sea legal, pero desde los sindicatos se nos exigen una fecha pero que no podemos asegurar al menos hasta que Intervención nos la asegure. Es algo a lo que no me puedo comprometer”.
La alcaldesa concluyó expresando su intención de resolver la situación mediante el diálogo y las mesas de negociación. “Aquí el problema es que hay que buscar una solución más a largo plazo, más definitiva para garantizar los servicios y las nóminas en tiempo y forma. Esa es nuestra prioridad. Tenemos un presupuesto con un montante para el Capítulo 1 que se ve mermado y cada año se ve mermado un poco antes porque cada inicio de año se le da un bocado un poco más grande” e hizo hincapié en la importancia de “encontrar una solución a futuro para que esté quien esté en el Gobierno no se encuentre con esta situación por malas gestiones previas”.
