Como se recordará en el pasado mandato el equipo de Gobierno alcanzó un acuerdo con los representantes vecinales para la toma de diversas medidas, con las que paliar la revisión catastral efectuada por el Ministerio de Hacienda, a través de la Oficina Provincial del Catastro, tras la petición del equipo de gobierno del PSOE y PA en 2006.
Estas medidas que fueron aprobadas, con la abstención del Partido Popular, en el pleno celebrado el 4 de diciembre de 2009, incluían la congelación de los recibos de IBI para los ejercicio 2010 y 2011; la rebaja del coeficiente del impuesto durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014, para el conjunto del padrón de forma que la subida del recibo se adecuase al IPC de referencia, y solicitar una nueva valoración catastral para el ejercicio 2015 que refleje mejor los valores actuales en consonancia con lo establecido en la actual Ley del Catastro.
Asimismo se acordaron otras gestiones fuera del ámbito municipal, como la solicitud de una reducción del 20% de los valores catastrales a la Dirección General del Catastro, que finalmente fue rechazada por este organismo o el inicio de los tramites oportunos para la reforma de la Ley del Catastro Inmobiliario y la Ley reguladora de las Haciendas Locales, para dar mayor progresividad al impuesto sobre bienes inmuebles, y para que el derecho a una vivienda, que establece la Constitución, no se convierta en un producto más para el mercadeo, gracias a las actuales leyes urbanísticas aprobadas por los gobiernos del PP y el PSOE.
En este sentido el dirigente de la federación de izquierdas, recordó que en el Pleno del pasado viernes, "el delegado de Hacienda reconoció que la bonificación legal que permite la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en su Art. 74, solo puede extenderse durante los tres ejercicios siguientes a una nueva valoración, por lo que tanto la propuesta del PP en aquel pleno, como su promesa electoral de ‘congelación de tasas e impuestos municipales’, en lo referente al IBI carecía de respaldo legal para llevarlo a efecto".
