El PP de Sevilla ha exigido a la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, que a través de las "viviendas vacías" de la Administración autonómica ofrezca una "solución" a las familias que ocupan sin relación contractual alguna las viviendas de renta libre y nueva construcción que 'Ibercaja' posee en la avenida de las Juventudes Musicales. Las familias se enfrentan a una orden de desalojo forzoso y el PP señala que la Junta debe destinar sus viviendas públicas "para las más familias más necesitadas".
Estamos hablando del colectivo de familias que habita sin relación contractual alguna el bloque de viviendas de nueva construcción y renta libre ubicado en los números dos, cuatro y seis de la avenida de las Juventudes Musicales, cuya propiedad ostenta 'Ibercaja'. A cuenta de las acciones judiciales emprendidas por el banco, el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla ha ordenado finalmente el desalojo forzoso de las viviendas. El asunto, de amplio impacto social, ha sido debatido en los plenos del Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla con aspectos como la reivindicación de las familias en cuanto a que el Consistorio hispalense permitiese la restitución de los suministros básicos a los pisos en cuestión.
Dada la situación del conflicto, pues media ya un auto del Juzgado de Instrucción número tres ordenando el desalojo forzoso de las viviendas, la parlamentaria autonómica del PP por Sevilla, Alicia Martínez, ha afirmado que "es el momento de que el bipartito pase de las palabras a la acción" y "asuma de verdad el problema de la vivienda, que es una competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, cuya gestión es una verdadero fracaso por parte del PSOE e IU". Martínez ha expuesto que "la noticia del desalojo de las familias de la 'Corrala' pone de manifiesto la política de confrontación del gobierno andaluz en materia de vivienda y que en ningún momento ofrece soluciones reales a quienes de verdad necesitan apoyo para acceder a una casa".
USO POLÍTICO DEL "DOLOR"
"Es más, el bipartito ha sido incluso capaz de usar el dolor de personas necesitadas para hacer demagogia política, como puso de manifiesto las denuncias públicas de estas familias que aseguraron sentirse manipuladas por algunos de los ocupantes que se enmascaran aprovechando este problema, pero que no son más que activistas al servicio partidista del PSOE e IU", toda vez que, de hecho, alguno de los miembros del colectivo ha reconocido su afiliación a la federación de izquierdas.
La parlamentaria popular ha indicado que "durante este tiempo se ha venido reuniendo una mesa de negociación para encontrar una solución y una salida a las familias necesitadas de la Corrala, con la participación del Ayuntamiento y la Junta y la mediación del Defensor del Pueblo Andaluz".
"Sin embargo, a la vista del desenlace, esta negociación no ha servido para nada. La propiedad ha ofrecido viviendas sociales a las familias, el ayuntamiento ha evaluado la necesidad social consiguiendo la salida de cuatro familias que han accedido a viviendas sociales que ha ofrecido la entidad financiera propietaria". "Y la Junta de Andalucía, presente en la negociación, y que es realmente la única competente, no ha ofrecido ninguna solución, a pesar de que es titular de mas de 80.000 viviendas sociales en alquiler en Andalucía, y de que en Sevilla dispone, aunque la Consejera lo niegue, de viviendas vacías en la ciudad de Sevilla".
Para Martínez, además, "esta situación pone de manifiesto que el Programa en Defensa de la Vivienda no está dando soluciones de protección y ofreciendo soluciones" y le reclama a la consejera "que actúe antes de que se produzca el desalojo, y garantice los derechos humanos a quien necesita realmente una vivienda, personas mayores y menores, al margen de activistas que persiguen el lamentable hecho del desalojo".
