El Juzgado de Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha decretado el embargo de pisos y plazas de aparcamiento propiedad de un 'intruso' y del director del hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga).
Por medio de un decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, la secretaria del Juzgado embarga al director del hotel, Miguel Rodríguez Ortega, un piso ubicado en Fuengirola (Málaga), todo ello a fin de cubrir la fianza de responsabilidad civil de 60.471,32 euros que le impuso la juez Mercedes Alaya.
En este caso, fue el propio imputado quien designó este piso como bien de su propiedad sobre el que trabar embargo, por lo que la secretaria designa su embargo y lo declara suficiente para cubrir la fianza civil, declarando de este modo solvente al imputado.
En un segundo decreto, la secretaria embarga a Claudio Andrés Sendino, 'intruso' en el ERE del Hotel Cervantes, un piso y una plaza de aparcamiento ubicados en Marbella (Málaga), así como un fondo de inversión inmobiliario por importe de 7.757,34 euros.
También fue el propio imputado el que designó estos bienes de su propiedad sobre los que trabar embargo y aportó incluso una tasación pericial acreditativa del valor de las fincas, entendiendo la secretaria que tales bienes "son suficientes" para cubrir la fianza civil de 310.667,75 euros que le impuso la juez.
En el ERE del hotel Cervantes fueron incluidos como 'intrusos' el propio Claudio Andrés Sendino y José Antonio Cuevas.
LA JUEZ RECHAZA ARCHIVAR LA CAUSA CONTRA EL DIRECTOR DEL HOTEL
Recientemente, la magistrada rechazó el archivo de la causa solicitado por el director del hotel Cervantes, ya que el imputado se encontraría en el grupo de personas implicadas en la causa "que serían conocedoras de la existencia de 'intrusos', intermediación y pagos" al 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas.
Como director del hotel, Miguel Rodríguez "firmaría la solicitud de ERE relativo a dicha sociedad a sabiendas de la inclusión de dos personas que no tenían derecho a las prejubilaciones pactadas, falseando presuntamente los datos contenidos en las fichas relativas a ambos trabajadores respecto a la fecha de antigüedad en el hotel".
"De este modo, y a la vista de lo actuado hasta ahora, subsisten los indicios que se tuvieron en cuenta inicialmente al formular la imputación, no procediendo por tanto en este momento acceder a la solicitud de sobreseimiento instada, por no ser el momento procesal oportuno", alega Alaya.
Todo ello, añade la juez, "sin perjuicio de lo que pueda acordarse a resultas de la investigación que se está aún practicando".
El abogado solicitó el archivo al entender que los hechos que se le imputan "no constituyen delito alguno, sin que exista indicio de criminalidad en contra" de su patrocinado, al que la magistrada imputó un delito de malversación de fondos públicos.
