Cualquier ayuda es susceptible de ser objeto de fraude o al menos así se desprende de la última actuación llevada a cabo por la Guardia Civil tras desmantelar un grupo, una organización “perfectamente jerarquizada”, dedicado a estafar al Estado y a particulares con las ayudas del Plan PIVE.
En una nota de prensa, la Benemérita ha informado de la imputación de cuatro personas por pertenecer a un grupo organizado dedicado a estafar en las ayudas del plan PIVE, con 29 vehículos susceptibles de haber sido objeto de falsificaciones en los trámites para la concesión de estas ayudas.
La Guardia Civil ha acusado a los responsables de un taller de compra-venta, B. S. M, de un desguace, M. A. J. A, de una gestoría, M. J. M. M. y de la empresa encargada de la tramitación de las ayudas, J. L. I, de los delitos de organización criminal, estafa y falsedad documental.
Según la Benemérita, la investigación del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil parte de la denuncia de un particular que asegura que han puesto un vehículo a su nombre sin firmar ni realizar trámite alguno. Las sospechas apuntan a la existencia de un grupo organizado dedicado a estafar en las ayudas al plan PIVE e inicia la investigación sobre 29 vehículos susceptibles de haber sido objeto de falsificaciones en los trámites para la concesión de las ayudas. De éstos, 14 se ha comprobado que presentan anomalías en su tramitación.
El modus operandi del grupo, según las conclusiones de la “minuciosa” investigación de la Guardia Civil, es intentar captar al cliente indeciso que acude al taller de compraventa de automóviles investigado ofreciéndole la posiblidad de acogerse al plan PIVE aunque no disponga de un vehículo antiguo que entregar.
Para esto, los encargados del taller se ponen en contacto con el desguace y con la gestoría que forman parte de la trama. “Entre todos falsifican documentos y realizan la transferencia de un vehículo antiguo a nombre del comprador”, según la nota.
Finalmente, tras obtener la documentación, el desguace entrega el justificante de baja, certificado de destrucción y documentación del vehículo al concesionario, quien finaliza los trámites y obtiene la ayuda, “con el consiguiente beneficio económico y estafando al estado y particulares”.
