Según se ha puesto de relieve, de no ser por la fuga, no se hubiera sabido -quizá hasta que fuera demasiado tarde y el problema hubiera sido mucho mayor- el nivel de corrosión de la central, propiedad de Endesa.
Es evidente, pues, que la central de Ascó I no está en las mejores manos. Tratándose de una central nuclear, la negligencia parece casi suicida y muestra que los controles de seguridad que se debían haber establecido no se han realizado o, si se han hecho, han sido de todo punto incorrectos.
No basta, pues, que el Consejo de Seguridad Nuclear inste a la empresa propietaria de la central a que haga lo posible para erradicar de una vez por todas el problema. Tal y como están las cosas y por la trayectoria que se ha desvelado, debería ser la propia administración del Estado la que tome cartas en el asunto. Un asunto tan grave no puede ser soslayado de modo alguno con una simple reprimenda.
