La tesorera y el interventor del Ayuntamiento de San Fernando, María de las Virtudes y José Antonio López Fernández, respectivamente, tendrán que declarar como investigados en el caso del desfalco de la Caja municipal, una vez que la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso del Fiscal contra la resolución que a mediados del año pasado dictó la nueva jueza del caso.
Ambos funcionarios del Estado tenían que haber declarado sobre el desfalco en el mes de septiembre de 2015, pero lo impidió el recurso de la Fiscalía. La argumentación de la jueza se basa en una conducta dolosa en la ejecución de sus funciones. O dicho en román paladino, su poco celo en el control de las cuentas municipales ocasionó en la parte que les corresponde –y son los primeros responsables administrativos tras los políticos- la pérdida de 7,8 millones de euros.
La decisión de la jueza supone que los dos funcionarios habilitados nacionales –de ahí que desde el Ayuntamiento no puedan ser destituidos de sus cargos- pasan del procedimiento administrativo que instruyó el Tribunal de Cuentas en cuyo dictamen son considerados responsables civiles subsidiarios en proporción al cargo y la duración en el mismo mientras se estuvo perdiendo dinero, al procedimiento penal que se instruye en los Juzgados de San Fernando.
No obstante, hay que aclarar que independientemente de la decisión de la Audiencia Provincial, la jueza que firmó el auto ya no lleva el caso al trasladarse a otro juzgado. En su lugar hay un juez sustituto, por lo que se desconoce qué decisión tomará sobre el particular. La decisión del fiscal ha parado un año el proceso, mientras que la llegada de otro magistrado supondrá un nuevo retraso hasta ponerse al día en el sumario. Por eso algunos se acuerdan de Pedro Pacheco.
El Ayuntamiento de San Fernando ha emitido una nota de prensa en la que dice que ante la resolución de la Audiencia Provincial que “confirma la comparecencia como investigados de dos empleados públicos en la causa penal que se instruye por el robo de 7,8 millones de euros de la caja de las oficinas municipales de Hacienda”, el equipo de gobierno municipal quiere, en primer lugar, mostrar su “absoluto respeto” a las decisiones judiciales.
Asimismo, el equipo de gobierno traslada su deseo de que las autoridades judiciales “lleguen cuanto antes al esclarecimiento de los hechos”, para poder determinar “con exactitud y claridad” a los responsables de los hechos investigados y que “se pueda reponer el daño causado a la situación económica del Ayuntamiento recuperando los fondos públicos”.
El interventor, José Antonio López Fernández, según consta en el sumario del caso y por propia declaración, conocía el descuadre en las cuentas municipales que iba arrastrándose desde el año 2003, pero no resolvió el problema hasta el año 2008 aun siendo parte de sus obligaciones hacerlo. No obstante, confió en la labor de los cajeros y lo pospuso durante cinco años al considerar que no sobrepasaba el 2 por ciento del movimiento económico del Ayuntamiento.
El informe de la Policía Nacional sobre el robo de la Caja municipal denunciado por el interventor y la tesorera el 1 de abril de 2009 dejaba meridianamente claro que si los responsables técnicos y políticos de los dineros de todos los contribuyentes hubieran hecho los controles pertinentes y obligados, el robo de 7,9 millones de euros no se hubiera producido o se hubiera descubierto mucho antes. O por ende, hubiera sido de menor cuantía.
Esa es una conclusión a tener en cuenta y que en contra de lo ocurrido con el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que fue tachado por el alcalde, Manuel María de Bernardo y por sus socios del Partido Popular en el Gobierno de contener tintes políticos, no ha sido rebatido por nadie.
La otra conclusión, que salió a la luz pública el mismo día 1 de abril de 2009 a través de este periódico -todavía con los dos cajeros prestando declaración- es que en la Caja municipal existía un desfase de siete millones de euros desde “hacía años”, que luego se dató en 2003 y que era el que hacía que el dinero pareciera que se había perdido pero que en realidad era la consecuencia de no haber puesto en orden las cuentas e ir arrastrando esa irregularidad manifiesta y manifestada.
Sobre este particular, hay que destacar que tanto los dos ex cajeros, Clemente Ruiz García y María José Lebrero de Celis, como el resto de los funcionarios adscritos a Tesorería, manifestaron lo mismo ante la jueza del caso, con exactitud en el caso de los dos primeros o por tener constancia indirecta sus compañeros.
José Antonio López Fernández, antes de ser interventor, ocupó el puesto de tesorero municipal hasta el mes de abril de 2006, cuando accedió al cargo actual pasando a ocupar sus funciones María de las Virtudes Gómez Montero poco tiempo después, concretamente el 22 de mayo de ese mismo año.
Como consecuencia de esa situación, los arqueos que se hicieron desde el 14 de junio de 2003, cuando cambió la Corporación municipal todavía con Antonio Moreno Olmedo como alcalde, arrojaba un saldo efectivo en Caja de 85.614,53 euros y una cifra de valores de 6,4 millones de euros.
Tras ese arqueo de junio de 2003, con carácter extraordinario, tienen lugar los arqueos preceptivos de finales de año, tanto en 2003 como en 2004 y el siguiente arqueo extraordinario es el del 27 de enero de 2004, cuando toma posesión Manuel María de Bernardo en sustitución de Antonio Moreno.
En ese arqueo, curiosamente y posiblemente por los problemas de descuadre, se consigna como cifra de metálico de la Caja el saldo de la contabilidad, el ordinal 001o Caja de Efectivo, con un total de 1.258.646 euros, mientras que los valores, por un total de 5.814.145 euros, se obtienen de la hoja auxiliar de arqueo.
El arqueo ordinario de diciembre de 2005 consigna de nuevo como cifra en metálico la del ordinal 001, que no contiene valores e incluso el arqueo extraordinario que se realiza el 24 de abril de 2006 por el cambio de interventor se hace de la misma forma, consignándose el ordinal 001 por importe de 3.010.726 euros.
Lo mismo ocurre con el arqueo ordinario de diciembre de 2006 mientras que el extraordinario del 23 de mayo de 2006, con motivo de la toma de posesión de la nueva tesorera, recoge las cifras facilitadas en la hoja de caja del mismo día. Se consigna como metálico 6.270 euros y como valores, 3,1 millones de euros.
De la misma forma, el arqueo extraordinario del 16 de junio de 2007, cuando toma posesión la nueva Corporación, se hace únicamente con los datos del metálico de la Caja, sin incluir la cifra de valores -en este caso no estaba la tesorera al estar de baja- y el de diciembre de 2007, también con la cifra del ordinal 001.
Ahí, en la fecha del 2008, cuando el interventor terminó de hacer el trabajo que había pospuesto por la confianza en los cajeros y porque las diferencias no sobrepasaban el 2 por ciento del movimiento económico del Ayuntamiento, está la madre del cordero. No fue hasta principios de 2009 cuando se dieron cuenta de que el saldo del ordinal 001 o Caja de Metálico no contenía valores, sino únicamente el dinero en efectivo. Habían pasado cinco años.
El delegado de Presidencia del Ayuntamiento isleño, Conrado Rodríguez, ya salió a la palestra cuando fueron imputados el interventor y la tesorera en el auto de la jueza emitido el 20 de julio de 2015, diciendo que el Ayuntamiento tenía las manos atadas al ser ambos cargos “habilitados nacionales”.
A pesar de todo lo ocurrido y antes de que se hubiera manifestado el Tribunal de Cuentas, el nuevo alcalde, José Loaiza, quien gobernaba en coalición con el PA, no tuvo reparos en nombrar al interventor municipal de San Fernando, en abril de 2013, interventor del Consorcio Bahía de Cádiz (encargado del tratamiento de residuos de la Bahía) compatibilizando ambos cargos y cobrando por este segundo un total de 1.12 euros mensuales
Fue una decisión que extrañó a los socialistas al considerar que el propio Loaiza "considera a este funcionario responsable civil de la desaparición de 7,8 millones de euros de la caja municipal". El concejal socialista, Fernando León, basaba ese reconocimiento en la demanda que Loaiza mandó hacer a los servicios jurídicos de Diputación y que aprobó para elevar al Tribunal de Cuentas. Un procedimiento en el que al propio José Antonio López se le exige una cantidad de 105.847 euros por su falta de celo a la hora de controlar el dinero municipal.
