La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una queja de oficio dirigida a la Consejería de Salud y Familias para conocer las medidas previstas para la creación de una unidad de custodia hospitalaria para presos en Sevilla, recogida en el Plan de Infraestructuras Penitenciarias 2019-2025 aprobado por el Consejo de Ministros el pasado enero.
El Ministerio del Interior anunció entonces que con esta unidad, y otras dos programadas en Ourense y Toledo, se aumentaría hasta 14 el número de estas unidades para dotar a los hospitales públicos de instalaciones de seguridad adecuadas para la prestación de asistencia sanitaria especializada a los internos, de forma equivalente a la dispensada al conjunto de la población.
Así, en el texto de la queja, la Defensoría, dirigida en funciones por Jesús Maeztu, pregunta al departamento que dirige Jesús Aguirre por las actuaciones de coordinación o participación de los responsables del sistema sanitario público de Andalucía (SSPA) en la creación de esta nueva unidad de custodia hospitalaria, por la ubicación y descripción de la misma y por la planificación de los servicios y dotaciones que implicará en los recursos del SSPA.
En la exposición de motivos, la institución recuerda que tramitó la queja de oficio 16/5822 para estudiar la situación creada para atender las custodias de presos que debían ser trasladas a centros sanitarios en Sevilla, después de que diferentes fuentes explicaran la "grave carencia" de efectivos de Fuerzas de Seguridad para ejecutar dichos traslados, así como para mantener las custodias durante las estancias de estas personas para ser atendidas.
En el mismo sentido, apunta que esas "carencias" podrían afectar a la efectiva recepción de los servicios sanitarios "en los casos en los que los traslados se dilataban por falta de fuerzas conductoras". "Todo ello, además, con la evidente implicación de los servicios especializados del propio sistema sanitario público de Andalucía", añade.
Asimismo, el Defensor del Pueblo Andaluz explica que consideró necesario solicitar la colaboración de la Subdelegación del Gobierno para incorporar el punto de vista de la dirección de las fuerzas policiales encargadas de desarrollar estas custodias, de modo que "dicho organismo aportó su posición mediante informe en el que se explicaba la creación de un grupo de trabajo con autoridades sanitarias andaluzas que se constituyó el 16 de diciembre de 2016".
Por último, añade que tras los trámites anteriores formuló a la Delegación Territorial de Salud unas resoluciones, que también fueron remitidas a las Subdelegación del Gobierno de Sevilla, en las que le recordaba la normativa que "garantiza la eficaz prestación" del derecho a la protección de la salud y el acceso equitativo a los servicios sanitarios de los reclusos, y le sugería establecer "las mejores condiciones de organización del servicio de conducciones y custodias como acciones necesarias de garantía de ese derecho".
