Hemos tenido que volver a aparecer “en los papeles” de la Comisión Europea (Procedimientos Infracción, mes de febrero 2020), para que vuelva a surgir el sonrojo en las mejillas de muchos españoles a través de una situación de encomio: la resiliencia (capacidad de los humanos para adaptarse a las situaciones adversas).
Deberían los medios, con su omnímodo poder, ponerla de moda sin ninguna dificultad en España, sobre todo en temas medioambientales.
Y es que, a raíz, según la misma fuente, de la existencia de 1.513 Vertederos Ilegales, “extraviados”, vaya usted a saber por dónde en la geografía española, con una equívoca cooperación innecesaria por parte de la Comisión de ocultar una parte sustancial, pudiendo suponer una injustificada protección al estado miembro.
La actual admonición de la UE va dirigida al tratamiento de aguas residuales en poblaciones superiores a 2.000 y 10.000 habitantes, con recomendaciones incluidas.
Según la Comisión, nuestros incumplimientos datan desde 2016, habiéndose observado que 133 aglomeraciones vierten en zonas normales o sensibles, no previéndose actuaciones positivas en el futuro. De nuevo, otra omisión más por parte de la Comisión en cuanto a los supuestos causantes.
Este medio y este comentarista pormenorizaron a principios de agosto 2018, las 20 páginas que componen la sentencia de la Sala VIII del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a la cual nos remitimos.
Ese mismo mes y año, igualmente aludimos a las sanciones -por valor en aquel momento de 23 millones de euros- por ausencia de depuración de aguas residuales en algunas ciudades del sur de España y que fueron calificadas como sanciones tipificadas y coercitivas, subsistentes, en un aumento actual probable que supera los 30 millones, con tendencia a progresar en función de los resultados obtenidos. No estaría de más aclaraciones de los responsables.
En agosto 2019 volvimos a poner de relieve la situación endémica que vive este país a través de una política medioambiental de tripartito, a mi juicio equivocada e incomprendida por Bruselas, arrojándose piedras de responsabilidades los unos a los otros y, mientras tanto, los contribuyentes y sufridos habitantes, en tierra de nadie. ¿Hasta cuándo las prácticas de resiliencia?
