La jueza que investiga el concurso de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) ha acordado procesar a dieciséis personas, entre ellas dos ex altos cargos de la Junta de Andalucía y los dueños de la empresa Magtel, por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y malversación.
En un auto dictado el 25 de junio adelantado por Diario de Sevilla y al que ha tenido acceso Efe, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla acata el mandato de la jueza Mercedes Alaya, de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, y rectifica su anterior auto de transformación de diligencias en procedimiento abreviado.
En dos autos dictados entre el 26 y el 27 de mayo, la Audiencia estimó parcialmente el recurso de Emérita Resources, que perdió el concurso frente a Minorbis-Grupo México, contra el primer auto de procesamiento, del 8 de febrero, y desestimó los de varias defensas que pedían el archivo de la causa.
Alaya estableció que el juicio no debía limitarse sólo a la prevaricación, como estableció "indebidamente" la instructora, y determinó que debían ser dieciséis los procesados y no los nueve contemplados por la instructora, al añadir al secretario de la Mesa de Contratación y los seis miembros de la Comisión Técnica.
La jueza, que archivó la causa en dos ocasiones y tuvo que reabrirla también dos veces por indicación de Alaya, señala en su último auto que Grupo México debió ser expulsado del concurso porque no reunía "los requisitos necesarios de personalidad jurídica y capacidad de obrar" y Minorbis no debió pasar a la segunda fase porque "hacía menos de un mes que se acababa de constituir con un capital de 3.000 euros y sin experiencia en la minería".
La magistrada expone que la adjudicación pudo estar determinada por la "connivencia" entre los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, propietarios de Magtel y Minorbis, y Vicente Fernández, entonces secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo y más tarde presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con quien tenían "una relación personal y de confianza".
En cuanto al tráfico de influencias, la jueza apunta que los hermanos "hicieron valer la influencia ejercida sobre" Fernández y de este sobre la Mesa y la Comisión, "todo ello en un contexto de influjo psíquico e inducción en cadena".
Así, "pudo haber influencia o sugestión por parte de los responsables de Minorbis con la intermediación del señor Fernández, quien a su vez canalizaba su influencia a través de la directora general de Minas", María José Asensio, "hasta llegar a cada uno de los técnicos o funcionarios", señala el auto, que localiza el origen de esta actuación en el "ánimo de lucro" de los empresarios.
Los hermanos constituyeron Minorbis "ad hoc" e hicieron que Fernández "influyese" en Asensio y en "la mayor parte" de la Mesa de Contratación y de la Comisión Técnica para que resolviesen el concurso a su favor y después autorizaran la adjudicación "a favor de la entidad Minera Los Frailes" que "formalmente no había participado en el concurso y se encontraba mayoritariamente constituida por capital de Grupo México".
Respecto a la malversación, la instructora explica que la adjudicación no fue a la oferta económicamente más ventajosa, con el consiguiente perjuicio al erario público.
La propuesta de Emérita era de 641,5 millones y la de Minorbis-Grupo México, de 304,6 millones, mientras que la primera se comprometía a aportar 375 millones para el desarrollo del tejido industrial de Andalucía y la ganadora sólo ofrecía 27 millones.
