La Junta de Andalucía ha cerrado el mes de marzo de 2021 con 20.084 beneficiarios de materia de dependencia en la provincia de Almería, lo que supone un máximo histórico tras haber sumado a 1.219 desde finales de 2018.
Según el delegado de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta, Rafael Pasamontes, esta cifra se ha alcanzado "gracias a que en Andalucía se han blindado las políticas sociales y se ha aprobado para el ejercicio 2021 el mayor presupuesto de la historia para políticas sociales y dependencia, 1.639 millones de euros".
"En lo que llevamos de legislatura se ha incrementado el presupuesto para dependencia en 270 millones de euros", ha apuntado el delegado, quien ha detallado en una nota que la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) ha abonado 105.640.430,23 euros en la provincia de Almería para la financiación de los servicios y prestaciones en materia de dependencia desde el inicio de la pandemia por covid-19.
En concreto, ha especificado que del total abonado en la provincia de Almería, 25.465.898,48 euros se han destinado al pago de las prestaciones económicas; 33.557.950,87 euros se han transferido a los ayuntamientos y diputaciones provinciales para la financiación del servicio de ayuda a domicilio; 38.326.263,01 euros se ha destinado al servicio de atención residencial; 7.377.743,42 euros al servicio de centro de día; y, finalmente, 912.574,45 euros para el refuerzo de los servicios sociales comunitarios de las entidades locales para el desarrollo de competencias en materia de dependencia.
"Ha sido un año muy intenso, que nos ha exigido lo mejor de todos y todas y que, desgraciadamente, se ha cobrado la vida de muchas personas. Aunque también ha supuesto un avance en la reducción de la lista de espera y en la incorporación al sistema de muchas personas dependientes", ha subrayado.
Todos estos indicadores, según ha apuntado Pasamontes, han permitido que Andalucía haya alcanzado una puntuación de 7,1 en la escala de valoración que utiliza el Observatorio de la Dependencia para medir la implantación y desarrollo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
Se trata del "mejor resultado en los últimos cinco años", según el informe que cada año publica la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que sitúa a la comunidad muy por encima del promedio nacional, fijado en 4,64 puntos, y solo superada por Castilla y León. "La valoración se produce pese a los desafíos inéditos planteados por la pandemia durante 2020, cuando todos los departamentos y áreas de los servicios sociales tuvieron que repensar su actividad para adaptarse a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus", ha dicho.
MEDIDAS "EXCEPCIONALES"
Respecto al balance de las actuaciones puestas en marcha en materia de dependencia durante el primer año de la pandemia por covid-19, Pasamontes ha recordado la adopción de medidas excepcionales "con el fin de contener el contagio, proteger la seguridad ciudadana y reforzar el sistema de salud pública".
Estas actuaciones han ido acompañadas de "medidas administrativas y económicas de carácter extraordinario con el fin de garantizar la prestación de los servicios, asegurar el mantenimiento del empleo de las entidades del sector, así como reforzar todos los servicios y prestaciones posibles en pro de garantizar la máxima protección", ha dicho.
Sobre la financiación extraordinaria promovida para mantener los más de 50.000 empleos asociados en Andalucía, ha destacado el abono del coste de las plazas vacantes y la ampliación de la reserva hasta los 60 días naturales, abonándose la diferencia, en el servicio de atención residencial. Así como el abono de las plazas por salida voluntaria.
En este caso de la atención residencial, hay que sumar la ampliación en la provincia de Almería de 22 nuevas plazas --12 para personas con discapacidad y diez para mayores--, que se unen a las 31 que ya se incrementaron en el año 2019.
Respecto a los centros de día, Pasamontes se ha referido al abono del 80 por ciento del precio/plaza, la reserva quedando suspendida la obligación del copago y el seguimiento domiciliario o de carácter telemático para verificar que la persona quedaba debidamente atendida. Asimismo, "ante la situación de crisis sanitaria, las personas que hayan visto alteradas sus circunstancias de forma permanente, han visto priorizada la tramitación de la revisión de su PIA", ha señalado.
Por otra parte, "la disminución del copago que ha pasado del 40 o 30 por ciento al 25 por ciento para plazas con y sin transporte ha supuesto un ahorro de media de 980 euros al año por persona, algo que no se había modificado desde el año 2002 y que permite equiparar el copago de los centros de día de mayores a los de personas con discapacidad".
En el caso del servicio de ayuda a domicilio, Pasamontes ha remarcado que "desde el inicio, se ha garantizado la financiación de este servicio con un mínimo, equivalente a las liquidaciones correspondientes al mes de febrero de 2020, hasta el 21 de junio". Asimismo, se ha referido a la reconfiguración de las atenciones domiciliarias de forma personalizada y el abono a los ayuntamientos y diputaciones provinciales del importe financiado establecido en el PIA, vinculado al compromiso de mantenimiento del empleo.
A ello, recientemente, se ha unido la entrada en vigor con fecha 1 de marzo del incremento del precio/hora del servicio de ayuda a domicilio en un 12,3 por ciento, pasando de 13 a 14,6 euros, "que beneficiará a unas 2.500 profesionales en Almería", en su mayoría mujeres.
TELEASISTENCIA
Para el caso del Servicio Andaluz de Teleasistencia, el delegado ha hecho referencia al refuerzo de personal para campañas extraordinarias como la de información sobre Covid-19, vacunación de la gripe y el Proyecto de Farmacia para el control de las personas mayores que no estaban recogiendo sus medicamentos, con la inclusión de 182 nuevos profesionales y la reasignación de 24 trabajadores a puestos de supervisión.
El delegado ha informado sobre la ayuda extraordinaria valorada en 1,2 millones de euros (13,5 millones en toda Andalucía) para hacer frente a los gastos ocasionados por la pandemia a las entidades prestadoras de servicios de atención residencial y centros de día y de noche para personas en situación de dependencia.
