Las medidas de confinamiento provocaron un desplome del número de huelgas y la participación de las mismas por la inactividad hasta el punto de que Andalucía ha registrado únicamente 6,2 convocatorias cada 100.000 empresas, la menor proporción desde 2005, según el Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo. Cádiz, que en 2018 anotó una veintena, solo ha contabilizado una en el primer semestre del año.
Pero la estadística es engañosa. La secretaria de Salud Laboral y Condiciones de Trabajo de CCOO-A, Nuria Martínez, señala que, si bien “se han restringido las concentraciones por cuestiones sanitarias, la conflictividad laboral se ha incrementado”.
Durante el estado de alarma, el sindicato ha atendido más de 70.000 consultas telefónicas y otras 5.000 por correo electrónico por, fundamentalmente por el incumplimiento de los protocolos sanitarios por parte de las empresas y la escasez de equipos de protección individual (EPIS), y ha acudido al juzgado para garantizar los derechos de los trabajadores.
Martínez pone como ejemplo la demanda judicial a las empresas que construyen la plataforma de Amazon en Dos Hermanas, Dragados, Dematic e Industrias Naranjo, por “poner en peligro la vida y la integridad física de centenares de trabajadores” al no adoptar las medidas preventivas dictadas tras registrarse al menos cinco contagios en apenas unos días a finales de marzo, durante lo más crudo de la pandemia hasta el momento.
La negociación de los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) también han generado tensiones que no se reflejan en los registros oficiales en lo relativo al disfrute de días de vacaciones o pagas extraordinarias, apunta, por su parte, Antonio Montoro, secretario general de la sección del metal de UGT en Cádiz.
Y, recién inaugurada la nueva normalidad, con “la crisis golpeando la línea de flotación del empleo”, la explosión de la movilización social ha sido imparable, con una especial incidencia en el sector industrial.
Montoro se refiere a las dos semanas de paralización de la actividad en la segunda quincena de agosto en los astilleros de Navantia y la industria auxiliar promovida por la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CMT) por el despido de ocho trabajadores tras una marcha por el empleo.
El conflicto de Alestis tomó el relevó esta misma semana, después de que la compañía presentara un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 582 trabajadores en toda España, 233 en la provincia, por razones de producción.
La representante de CCOO-A ha advertido, en este sentido, que el gigante aeroespacial es una muestra de la tendencia de muchas empresas “que quieren convertir lo excepcional, lo coyuntural, en estructural, reconfigurando el negocio para sacar tajada”.
La siniestralidad se reduce hasta junio pero se cobra más víctimas mortales
Los datos de siniestralidad laboral también pueden ser engañosos, según la secretaria de Salud Laboral y Condiciones de Trabajo de CCOO-A, Nuria Martínez. Con el confinamiento, Andalucía ha registrado 72,5 accidentes cada 10.000 ocupados, lo que supone una reducción interanual del 2,5%, situándose en el mismo nivel que tenía hace dos años, según el Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo. Pero Martínez advierte de que la comunidad ya suma 56 víctimas mortales en el primer semestre, tres más que en el mismo periodo de 2019. “Hay miedo a perder el trabajo y se asumen riesgos”, explica.
