Día clave, este martes, para la tramitación de la ley de regadíos de Doñana

El Parlamento de Andalucía aprobará este martes el dictamen de la proposición de ley de la reforma de regadíos de la Corona Norte de Doñana presentada por PP y Vox, un texto cuya tramitación rechazan la izquierda y el Gobierno central porque consideran que incidirá en los problemas de agua del Parque Natural.

El pasado viernes se reunió la ponencia conformada para tramitar dicha proposición de ley en la que se estudiaron las distintas enmiendas presentadas y se valoró su inclusión o no en el dictamen, y este martes se debatirá en la Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda para su aprobación y posterior debate en el pleno del 27 de septiembre.

La iniciativa, que ha generado una gran polémica también en diversos colectivos ecologistas, regula las zonas de regadíos de cinco municipios situados al norte de la Corona Forestal de Doñana, que son Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, integrantes del denominado Condado de Huelva.

En el texto quedarán incorporadas una docena de enmiendas planteadas por el PP, todas ellas de carácter técnico, relacionadas con la forma u ordenación del texto y que van en la línea de los cambios que planteaba el informe jurídico de valoración de la proposición.

Concretamente, se refieren a sustituciones de algunos términos, concreción de los títulos de cada epígrafe y la supresión de un párrafo de la disposición final para subirlo a la exposición de motivos, a fin de clarificar mejor las competencias entre administraciones públicas.

La ponencia, publicada este lunes en el Boletín Oficial del Parlamento (BOPA), recoge -a propuesta de la letrada de la Comisión- la petición de introducir diversas modificaciones que se refieren a la exposición de motivos, con las que se pretende la mejora técnica del texto "sin afectar a su sentido, espíritu y finalidad, ni a la ordenación sistemática que establece".

La iniciativa superó en abril en el pleno del Parlamento el debate de toma en consideración con los votos de PP y Vox frente al rechazo de los partidos de izquierda -PSOE, Por Andalucía y Grupo Mixto-Adelante Andalucía-

Estos grupos se negaron desde el primer momento a presentar enmiendas al texto y tanto el PSOE como Por Andalucía asumieron "como propias" algunas planteadas por organizaciones ecologistas, aunque, según explicó el pasado viernes el portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, se terminarán rechazando porque piden que se retire el texto.

El proyecto estima que unas 700 hectáreas de regadíos que se encuentran en estos momentos fuera de la ordenación puedan regularizar su calificación urbanística y con ello tener acceso a agua para riego cuando haya disponibilidad.

La disponibilidad queda condicionada a la obtención de los derechos del agua, que dependerá de que haya recursos y de obras hidráulicas pendientes de ejecución, aunque la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Gobierno central, ha dejado claro que no hay agua en mitad de la peor sequía en décadas y que no hay excedentes de los trasvases previstos, por lo que los regantes tendrán suelo catalogado como cultivable, pero no tendrá agua.

El Gobierno amenaza con acudir al Tribunal Constitucional y pone como condición para hablar con la Junta que se retire el texto antes de aprobarse, algo a lo que la administración andaluza se niega porque insiste en que lo que se reclama es que se acometan en Huelva las infraestructuras hídricas comprometidas por el Gobierno de Pedro Sánchez.

De hecho, la Junta supedita la llegada de agua a los nuevos suelos agrícolas que se regularizarían a que el Gobierno haga dichas obras para que estas nuevas 700 hectáreas puedan disponer de agua superficial, ya que, de lo contrario, según el consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, no podrán regarse.

A esta polémica se ha unido en las últimas fechas la solicitud a España por parte de la Unesco de que antes del 1 de diciembre de 2024 envíe un informe actualizado sobre el estado de conservación de Doñana y que implemente "con urgencia" medidas de protección, además de pedir el cierre de todos los pozos ilegales y expresar "su máxima preocupación" por esta proposición de ley.

La oposición de la izquierda a esta iniciativa es tan grande que incluso ha rechazado la petición que les lanzó hace una semana el presidente de la Junta, Juanma Moreno, de apoyarle en su propuesta a la UE de reclamar para Andalucía fondos especiales atendiendo a la singularidad climática de esta comunidad y el problema de la sequía.

Estos partidos condicionaron su apoyo a la petición que realizará Moreno a la UE a que retire previamente la proposición de ley de regadíos, porque sería la única forma de que la Junta tuviera "credibilidad" ante la UE.

Mientras tanto, el Gobierno andaluz ha anunciado la compra de 7.500 hectáreas de Veta La Palma, en el espacio protegido de Doñana, con el objetivo de preservar un humedal primordial del Parque Natural y que permitirá, según la Junta, ampliar el Parque Nacional y garantizar la supervivencia de su biodiversidad.