A Manuel José García Caparrós lo mato “un fascista” el 4 de diciembre de 1977 durante la manifestación por la autonomía andaluza en Málaga; a su madre la pena por su pérdida, que actuó de forma cruel, despiadada, lenta, durante dos años y medio. “Se hundió, solo quería irse con él”, recuerda Loli, la más pequeña de la familia, una niña de 12 años, que tuvo que dejar el colegio y cuidar de la doliente, y fue la primera en enterarse de que Joselito, joven afiliado a CCOO de 18 años, a punto de cumplir 19 el día de aquella Navidad, no volvería nunca más a casa. “Llamaron a la puerta, preguntaron por mi padre y le contaron que su hijo había muerto en un accidente”, rememora.
Esta, apunta, fue la primera de las mentiras que, como puñaladas, remataban el crimen a tiros de su hermano. En el Hospital Carlos Haya, el padre exigió ver el cadáver y, sin heridas compatibles con la versión oficial, obligó a que destaparan el cuerpo, que mostraba la verdad atroz en el orificio que mordía el costado del que se convirtió de forma inmediata en mártir.
“En el cementerio de San Miguel no cabía un alfiler”, agrega. “Fue Málaga entera” a velar y despedir al varón de los García Caparrós, remarca Paqui, otra de las hermanas. La tercera, Puri, advierte de que, frustrado el intento del Régimen de “dar carpetazo” al suceso, se puso en marcha la máquina represiva franquista. “La gente llevaba crespones negros; los policías paraba los coches, les metían los crespones en la boca, les pegaban, hicieron lo que les dio la gana”, lamenta.
Pese al miedo, la familia se decidió a luchar por conocer la verdad. A ello dedicó todas sus fuerzas el padre, hasta su último aliento, solo cinco años después de la terrible pérdida de su hijo. Y a ello han dedicado sus fuerzas durante 45 años las tres hermanas, que se muestran indignadas con la actuación de los gobiernos en democracia, tanto a nivel nacional como regional, en cuanto a lo ocurrido el 4D de 1977.
Entre sus demandas innegociables e irrenunciables se encuentra la petición de desclasificación de los documentos de la Comisión de Encuesta de enero de 1978, que “aún hoy siguen sin ser públicos a familiares, investigadores y juristas”. De esta manera, no solo se pondría nombre y apellidos de manera oficial a quien apretó el gatillo fatalmente aquella mañana (“porque el arma del criminal se dio de baja y a él lo ascendieron y destinaron a otra ciudad”, sostienen), sino que además, se le pondría nombre y apellidos “a todos los políticos que volvieron la cara” ante la injusticia sufrida por la familia. Primero fue el PP, cuando estaba al frente del Ejecutivo, el que se negó; después, PSOE y Unidas Podemos han ignorado la reclamación. También exigen que su hermano sea reconocido como víctima del terrorismo de Estado. “Fue a la calle como un andaluz más, como tantísimos jóvenes de la época, que solo quería bienestar para nuestra tierra, trabajo, sanidad, educación, libertad de expresión”, apunta Dolores, quien coincide con Puri y Paqui que se consiguió, gracias, entre otras cosas, a que “las banderas de Andalucía salieron a las calles y a “la muerte de nuestro hermano”, sin sufrir discriminación respecto a País Vasco, Cataluña y Galicia.
Solo resta, añaden, que se conozca la verdad, se haga justicia con Manuel José y se repare su memoria y el daño causado por la falta de transparencia. “No nos van a callar”, concluyen, con la fuerza que les da la certeza, como cantaba Antonio Martínez Ares en su mítica copla del Carnaval de Cádiz, de que siempre quedará “un andalú (...) que por diciembre, coloca flores en memoria de un chavá y su blanca y verde”.
