En la tarde de ayer se celebraba una charla organizada por izquierda Unida de Rota y el grupo Marea Verde cuyo tema se centraba en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), a la espera de su aprobación parlamentaria.
En la mesa como invitados estuvieron Miguel Angel García, como representante del profesorado, Gloria Jurado, representante de las madres y padres de alumnos y alumnas, e Ignacio García, en su actual condición de Parlamentario andaluz por Izquierda unida, de profesión profesor de Secundaria.
Comenzó la charla Miguel Angel García criticando el hecho de que cada vez que cambia el gobierno cambia la normativa en educación y que en los últimos 33 años se han elaborado distintas leyes orgánicas diferentes, a capricho del gobierno de turno, "siempre sin tener en cuenta la opinión de los diferentes sectores de la comunidad educativa, profesores, padres y alumnado e indicando que la nueva ley se elabora dado el elevado número de fracasos y abandonos prematuros educativos, sin tener en cuenta que estos fracasos pueden deberse a unas variables mucho más amplias: familias, expectativas sociales, socidad de consumo, infravaloración de la formación educativa ante una trabajo rápido y dinero fácil para el alumnado....".
Expuso, además, otros motivos de crítica a la LOMCE: mayor autoridad por parte de la persona que ostente la dirección de los centros, educativos, la importancia que la nueva ley da a la competitividad entre centros, la implantación de nuevas reválidas que ayudarán a esta competitividad, la eliminación de asignaturas de educación en valores, la supresión de asignaturas por la imposición de la religión cuya calificación se contabilizará para la media académica y otros.
Gloria Jurado, madre de dos hijas alumnas de secundaria, hizo hincapié también en "la competitividad que la LOMCE quiere hacer de la educación, una ley cuyas palabras son propias de otros ámbitos, mercantilistas, economistas... nada relacionadas con los valores, con la cultura". Destacó la manera en que "el PP quita el poco protagonismo que los padres y madres tenían en los centros ya que su papel en los futuros Consejos escolares, caso de que se apruebe esta ley, será meramente consultivo y sin poder decisorio".
Jurado habló sobre la cantidad de obstáculos por los que el alumnado ha de pasar antes de entrar en la universidad, dos reválidas y una prueba específica de cada universidad. "Con la implantación de dichas pruebas se aumenta la competencia entre centros, el profesorado estará más centrado en que su alumnado superen las mismas que en que adquieran una educación más integral, como viene ocurriendo actualmente con la prueba de selectividad y creará más desigualdades sociales ya que los padres intentarán que sus hijos se escolaricen en aquellos centros cuyos resultados sean mejores, opción que no podrán adoptar nada más que las familias más pudientes".
Por su parte, Ignacio García comenzó su exposición mostrando su acuerdo con lo que sus compañeros de mesa ya habían expuesto y manifestó que "toda ley siempre es reflejo del momento en que se vive y de la filosofía del gobierno en funciones; esta ley responde a una política de derechas neoliberal que da valor a la competitividad, aumenta las desigualdades sociales". Según García, con esta Ley se potenciará la creación de centros privados o privados concentrados en los que, por lógica, "imperará el ideal o creencia religiosa y en la que no tendrá cabida una educación igualitaria e integradora".
Tras el turno de palabras en el que analizaron y cuestionaron los principios de esta Ley, aún sin aprobar en el Parlamento, se animó a continuar con las movilizaciones hasta conseguir su paralización y se recordó que el próximo 20 de junio, coincidiendo con otras movilizaciones de otras poblaciones, se realizará una manifestación que saldrá a las 6 de la tarde de la puerta del colegio público Maestro E. Lobillo.
