Los arquitectos Fernando Mendoza, premio nacional de restauración por la iglesia del Salvador, y José García-Tapial, ex decano del Colegio profesional, han elevado a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, según ha podido saber Viva Sevilla, un escrito con siete demandas sobre las Atarazanas, al entender que el proyecto de Vázquez Consuegra incumple la normativa patrimonial y la ordenanza municipal, y también el convenio suscrito por el Gobierno andaluz y La Caixa.
Los dos arquitectos subrayan que el proyecto de centro cultural supone una sobrecarga sobre las Atarazanas, debido a las ampliaciones por colmatación en los patios existentes, por entreplantas principalmente dedicadas a instalaciones y por remonte al ocupar con nuevos forjados planos algunas partes sobre las cubiertas a dos aguas y otras al reedificar algunos de los almacenes militares ubicados sobre las cubiertas históricas, además de la nueva terraza para la cafetería que se plantea sobre la nave 1, junto a la calle Dos de Mayo.
Del análisis y comparación de toda la información dispersa en el proyecto deducen que lo proyectado no es un refuerzo de la cimentación aplicado directamente sobre ella, como a su juicio sería lo lógico constructivamente y lo racional económicamente (aunque para ello hubiera que retirar parte del relleno del siglo XVI), sino que lo que se pretende es hacerlo desde la cota actual perforando con barras de acero pretensado la fábrica mudéjar de las pilastras y abrazándolas con encepados de hormigón armado, que irán anclados en el sustrato subterráneo más resistente con micropilotes de 15 centímetros de espesor de hormigón armado y de entre 20 y 22 metros de longitud. Son añadidos “prácticamente irreversibles -afirman-, e inviable económicamente su eliminación”.
A la vista de la envergadura de la intervención que se pretende aplicar sobre las pilastras medievales, los arquitectos plantean a la Junta si considera que es compatible con la integridad de un BIC como las Atarazanas.
Asimismo, destacan que Vázquez Consuegra ha proyectado un salón de actos sobre las cubiertas medievales que sustituirá al existente en la planta baja, el cual será demolido a pesar de que su rehabilitación es reciente, con el mismo se recuperó la cubierta y el espacio de la primitiva Fundición y fue financiado por la propia Consejería de Cultura.
Mendoza y García Tapial plantean a Cultura que perforar los pilares medievales con barras de acero pretensado y rodearlos con encepados y micropilotes supone un daño físico innegable que estaría dentro de los “daños estructurales del edificio” definidos en el convenio con La Caixa, por los que habría que exigir responsabilidades.
A ello añaden que los micropilotes afectarían a los restos arqueológicos existentes, como la muralla emergente, la torre, la barbacana y la puerta almohades. Los arquitectos recuerdan a Cultura que según el pliego de condiciones hay que incluir un proyecto de intervención arqueológica, que no figura ni se ha presupuestado en el proyecto de Vázquez Consuegra, como tampoco el programa de mantenimiento, cuyo coste podría superar la aportación anual tasada de la Fundación Cajasol.
Finalmente, también demandan que Cultura investigue si se ha cumplido la condición de que se presente un plan de explotación simultáneo al proyecto de intervención.
