Tras el debate originado en el salón de plenos ayer con motivo de la solicitud del PSOE de llevar a cabo la consulta popular con motivo de la operación que se pretende llevar a cabo en Apemsa, de la entrada de capital privado en el 49%, el equipo de Gobierno decidió no apoyar dicha propuesta, pues como entiende el edil de Mantenimiento Urbano y vicepresidente de la empresa municipal, Damián Bornes, el PSOE plantea esta consulta con motivo de la venta o semiventa de la empresa de aguas, cosa que no ocurrirá.
Ignacio García de Quirós, portavoz del PSOE, asegura que sólo piden sensibilidad con el colectivo ciudadano, pues en el mes de agosto, periodo de alegaciones, han sido 40 los colectivos que han promovido alegaciones y casi 7.000 las firmas que se han recogido. Pero en cambio el alcalde, Enrique Moresco, entiende que este proceso de recogida de firmas se ha basado en la mentira, pues insiste en que se habla de venta o semiprivatización y no es más que la entrada de un socio tecnológico en Apemsa.
La portavoz de IP, Silvia Gómez, considera que “cuando una ciudad tiene que utilizar la consulta popular algo falla, y eso es la participación, la que tanto hemos escuchado y brilla por su ausencia”. Además, entiende que “hay que hacer una reflexión más profunda por si esta operación va en contra de los intereses de la ciudad y sólo beneficia al Gobierno, por eso hay que escuchar el clamor popular”, insiste.
Por otro lado, la portavoz de IU, Pepa Conde, admite que “se ha tomado una decisión por encima de los intereses de los ciudadanos”, alegando, dirigiéndose al alcalde, “usted dijo que Apemsa no se vendía, como hiciera su socio de Gobierno”, hablando del portavoz del PA, Antonio Jesús Ruiz, “y han jugado a confundir a la ciudadanía. La empresa de aguas es municipal y es un bien de todos los portuenses, por ello antes de tomar una decisión respecto a la venta hay que consultar”, discierne.
Además, Conde explica que, como dirigentes políticos, al cargo de la población, “deben escuchar a la ciudadanía, porque si no se viola el derecho de los ciudadanos a poder decidir qué hacer con su patrimonio”.
Para Bornes, el único motivo de la propuesta socialista es “manchar la gestión municipal”, confirmando que la consulta popular “no es vinculante”, como marcan las leyes, indicando que sólo conseguiría retrasar el proceso, que no se puede demorar en el tiempo, pues hay que comenzar a amortizar la operación antes de que finalice el año. Aclara además que “la propiedad de Apemsa es 100% pública y la gestión la tiene el Consistorio”.
Por su lado, Ruiz invita a la oposición a dar alternativas de cómo sufragar los quince millones de euros que hay que devolver al Estado, los que han servido, a través de la línea ICO, para pagar a los proveedores, porque no ven otra solución.
